Amnistía Internacional

Malí: Las autoridades deben abandonar la alarmante propuesta de disolución de los partidos políticos (mié, 30 abr 2025)
Ante la propuesta de disolución de todos los partidos políticos de Malí tras las consultas celebradas sobre la revisión de la Carta de los Partidos Políticos, Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha manifestado:“Nos alarma la propuesta de disolver los partidos políticos de Malí y advertimos de lo que constituiría un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades deben poner fin a la intensificación de la represión ejercida sobre el espacio cívico y defender los derechos humanos de toda la población del país, incluidas personas detractoras, defensores y defensoras de los derechos humanos e integrantes de la oposición política”.“Nos alarma la propuesta de disolver los partidos políticos de Malí y advertimos de lo que constituiría un ataque flagrante al derecho a la libertad de expresión y de asociación”Ousmane Diallo, Amnistía Internacional“La disolución de los partidos políticos estaría en contradicción con la Constitución promulgada en 2023 por las autoridades de transición, que garantiza la existencia de partidos políticos y afirma su derecho a ‘formarse y actuar con libertad de conformidad con las condiciones establecidas por ley’.”“Esta medida también sería incoherente e incompatible con las obligaciones internacionales de Malí en materia de derechos humanos, incluidas las derivadas de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos en los que este país es Estado Parte.” Información complementariaLas autoridades militares que gobiernan Malí han intensificado desde 2024 la represión de los partidos políticos.Entre el 10 de abril y el 10 de julio de 2024, las autoridades suspendieron “las actividades de los partidos políticos y las actividades de las asociaciones de carácter político” por medio de un decreto y prohibieron cualquier tipo de cobertura informativa de las actividades políticas en el país. Varios partidos políticos habían pedido a esos poderes que respetaran la Carta de Transición y organizaran las elecciones que permitirían restablecer el orden constitucional.En el diálogo nacional organizado por las autoridades en mayo de 2024 y boicoteado por la mayoría de los partidos políticos se había recomendado prorrogar la transición hasta lograr la “estabilización del país”. Entre las recomendaciones también figuraba el endurecimiento de las condiciones para crear partidos políticos y la eliminación de los recursos públicos que éstos reciben.En junio de 2024, 11 personas dirigentes de partidos políticos fueron detenidas y acusadas de “conspirar contra la autoridad del Estado” y “oponerse a la autoridad legítima”. Quedaron en libertad provisional en diciembre del mismo año. 
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Los primeros 100 días del presidente Trump: Ataques a los derechos humanos, crueldad y caos (Wed, 30 Apr 2025)
Al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Trump, Amnistía Internacional pone de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa  retórica de su administración.En el informe Chaos & Cruelty: 10 Compounding Assaults on Human Rights, (Caos y Crueldad: 10 graves ataques a los derechos humanos), Amnistía Internacional analiza los ataques del presidente Trump contra los derechos humanos nacionales e internacionales en sus primeros 100 días de gobierno. Desde reprimir la disidencia a poner en el punto de mira a los inmigrantes, pasando por retirarse de organismos multilaterales que protegen los derechos humanos en todo el mundo, la administración Trump ha estado erosionando sistemáticamente las salvaguardias de derechos humanos, fomentando un clima de miedo y división y socavando el Estado de derecho.“En los primeros 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump ha gobernado con crueldad y ha sembrado el caos, creando una emergencia de derechos humanos que ha afectado a millones de personas al reprimir la disidencia, socavar el Estado de derecho y erosionar normas e instituciones esenciales para la protección de los derechos humanos”, ha manifestado Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “La administración Trump ha adoptado plenamente tácticas autoritarias que suelen asociarse a dirigentes represivos para silenciar y castigar a quienes estén en desacuerdo con él, al tiempo que ha utilizado el gobierno como arma contra personas e instituciones, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, para afianzar su propio poder y llevar adelante su agenda antiderechos.”Las políticas de la administración Trump en sus primeros 100 días ya han tenido consecuencias devastadoras sobre las vidas de personas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo:Acabar con los procedimientos de asilo y poner en el punto de mira a los inmigrantes: Las deportaciones masivas, las desapariciones forzadas invocando la Ley de enemigos Extranjeros, las separaciones de familias y las duras restricciones del derecho de asilo han violado el derecho internacional. Estas medidas han destrozado comunidades y creado una realidad que empuja a las personas inmigrantes, incluidas las que se han dirigido a Estados Unidos en busca de seguridad, a permanecer en la sombra y vivir con miedo.Atacar la libertad de expresión y el derecho a protestar: La represión de las protestas estudiantiles, en especial las que apoyan los derechos de la población palestina, ha amenazado los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los ataques se han dirigido especialmente contra estudiantes que no tienen ciudadanía estadounidense, a quienes se ha amenazado con la detención y la deportación por ejercer su derecho a la libertad de expresión.Menoscabo del Estado de derecho: Incumplimiento de órdenes judiciales, amenazas de destitución de jueces, ataques a abogados y bufetes, abuso del poder ejecutivo y erosión de los controles y contrapesos entre los poderes del Estado son prácticas autoritarias que la administración Trump ha utilizado para llevar adelante su agenda antiderechos.Menoscabo de la libertad de prensa Ataques a periodistas, demandas contra medios de comunicación, retirada de la financiación que apoya a la prensa libre en todo el mundo y uso abusivo de su facultad reguladora a través de la Comisión Federal de Comunicaciones son prácticas que socavan la primordial función que ejercen los medios de comunicación independientes de fomentar el debate, el intercambio de opiniones y la discrepancia, algo esencial para la defensa de los derechos humanos.Ataque a los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQIA+: Políticas y órdenes ejecutivas contrarias a los derechos trans han contribuido a crear un peligroso clima de discriminación e indican un intento de borrar la existencia de las personas transgénero en virtud de la ley. También se han tomado medidas para debilitar las garantías en materia de derechos sexuales y reproductivos para todas las personas, particularmente el derecho al aborto de las mujeres y las personas que pueden quedarse embarazadas.Marginación de las comunidades negras y otras comunidades racializadas: La suspensión forzosa de los programas de apoyo a la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y las amenazas de retirar la financiación a universidades que apoyan la igualdad racial son un ataque frontal a la justicia racial.Los ataques del presidente Trump a los derechos humanos se solapan y se agravan. Cientos de estudiantes universitarios amenazados con ser deportados. Un ejemplo emblemático de la actuación racista, la represión y el desprecio por los derechos humanos de la administración Trump es el caso de Mahmoud Khalil, estudiante palestino con residencia permanente legal en Estados Unidos, que fue detenido y sometido a procedimientos de deportación por participar en protestas pacíficas en la Universidad de Columbia.“El caso de Mahmoud Khalil transmite un mensaje intimidatorio: si defiendes los derechos humanos te pondrán en el punto de mira, te castigarán y no tendrás garantías procesales”, ha afirmado O’Brien. “Se trata de una perspectiva aterradora, no sólo para estudiantes, no sólo para inmigrantes, sino para cualquiera. Al observar el efecto acumulativo de las acciones de la administración Trump, vemos que equivale a un ataque radical a los derechos humanos y los sistemas que los sustentan. Desde esta perspectiva, el daño y la devastación que han producido sus primeros 100 días es innegable.”La caótica y cruel agenda del presidente Trump también está minando los derechos de personas en todo el mundo, creando una inestabilidad y una incertidumbre que dañan la protección y la seguridad de las personas no sólo fuera, sino también dentro de Estados Unidos, y socava su prosperidad.Repentino desmantelamiento de la ayuda exterior estadounidense: El efecto de los recortes radicales y abruptos en la ayuda exterior ha sido catastrófico para los esfuerzos globales en materia humanitaria, de desarrollo y de derechos humanos. Estos recortes no son sólo económicos, sino que representan el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos, la salud pública y la paz y la seguridad mundiales.Retirada de los organismos multilaterales que protegen los derechos humanos en el mundo: Al abandonar el liderazgo global, retirarse del Consejo de Derechos Humanos (CDH), la Organización Mundial de la Salud y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, revisar su pertenencia a la UNESCO e imponer sanciones a la Corte Penal Internacional, la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para minar los mecanismos globales de justicia y rendición de cuentas.Abandono de los esfuerzos por mitigar los daños de la población civil: Desde reducir departamentos cuya finalidad era aminorar los daños a la población civil causados por las operaciones del ejército estadounidense, a revertir órdenes ejecutivas dirigidas a garantizar que las transferencias de armas de Estados Unidos no contribuyan a violar el derecho internacional, la administración Trump ha demostrado un peligroso desprecio por las vidas civiles amenazadas por conflictos armados.Destrucción de los controles sobre rendición de cuentas de las empresas El presidente Trump y su administración han retirado los controles que existían sobre rendición de cuentas de las empresas y reducido drásticamente la lucha contra la corrupción, entre otras cosas deteniendo la aplicación de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero. Las tecnológicas llevan largo tiempo facilitando prácticas discriminatorias y autoritarias, pero las medidas del presidente Trump han exacerbado esta tendencia. Mientras, Trump parece haber dado carta blanca al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para que actúe a voluntad con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ordenando actuaciones que parecen violar las leyes federales, como acceder a datos personales sensibles de millones de estadounidenses.El peligroso estado de los derechos humanos en Estados Unidos se produce en un momento en el que las prácticas autoritarias se han incrementado en todo el mundo. De hecho, los incesantes ataques de la administración Trump contra los derechos humanos están dando alas a tendencias nocivas ya presentes, vaciando de contenido salvaguardias internacionales de derechos humanos y poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta.“Estamos presenciando una alarmante escalada de represión patrocinada por los Estados, así como el abandono del Estado de derecho y las normas de derechos humanos en todo el mundo. Somos la mayor organización de derechos humanos de base del mundo, y nos estamos movilizando para proteger el espacio de la sociedad civil, oponernos a las prácticas autoritarias y generar poder popular a largo plazo”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional. Los derechos humanos no deben ser un peón en el ajedrez político. Los líderes y lideresas mundiales deben rechazar y denunciar las prácticas autoritarias que violan los derechos humanos y tomar medidas para abordar su impacto dondequiera que se produzcan, incluido Estados Unidos. Personas de todo el mundo, incluidas las que pertenecen a movimientos que defienden los derechos humanos y la justicia, están resistiéndose y oponiéndose firmemente a las tendencias que amenazan con arrastrar al abismo a las generaciones presentes y futuras. Los líderes y lideresas políticos deben aprovechar este momento crucial para proteger y defender los derechos y la dignidad de todas las personas.”
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Amnistía Internacional advierte de una crisis global de derechos humanos ante el “efecto Trump”, que acelera las tendencias destructivas (Tue, 29 Apr 2025)
Bruselas/Madrid.- La campaña del gobierno de Trump contra el reconocimiento de derechos está dando alas a tendencias nocivas ya presentes, vaciando de contenido salvaguardias internacionales de derechos humanos y poniendo en peligro a miles de millones de personas en todo el planeta. Así lo ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su informe anual, La situación de los derechos humanos en el mundo.Este “efecto Trump” ha agravado el daño causado por otros dirigentes mundiales durante 2024, echando por tierra decenios de minucioso trabajo para construir y promover los derechos humanos universales para todas las personas y acelerando el hundimiento de la humanidad en una nueva era caracterizada por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial, según ha declarado Amnistía Internacional en su evaluación de la situación en 150 países.“Año tras año, hemos advertido de los peligros del retroceso de los derechos humanos. Pero los sucesos de los últimos 12 meses —especialmente el genocidio de la población palestina en Gaza, retransmitido en directo pero ignorado— han puesto de manifiesto lo infernal que puede ser el mundo para tantas personas cuando los Estados más poderosos dejan de lado el derecho internacional y prescinden de las instituciones multilaterales. En esta encrucijada histórica, en la que las leyes y prácticas autoritarias se multiplican por todo el mundo en interés de una pequeña minoría, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar urgentemente para llevar a la humanidad de vuelta a terreno seguro”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.La situación de los derechos humanos en el mundo documenta la represión cruel y generalizada de la disidencia, la catastrófica escalada de los conflictos armados, los insuficientes esfuerzos por abordar el colapso climático y un creciente retroceso mundial de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, las mujeres, las niñas y las personas LGBTI. A menos que se logre dar un drástico giro a la situación mundial, todos estos aspectos se deteriorarán aún más en un turbulento 2025.“Transcurridos 100 días de su segundo mandato, el presidente Trump sólo ha mostrado un total desprecio hacia los derechos humanos universales. Su gobierno ha atacado con rapidez e intencionalidad esenciales iniciativas e instituciones estadounidenses e internacionales que se crearon para hacer de nuestro mundo un lugar más seguro y más justo. Su ataque sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática necesaria para salvar vidas está agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones, y animando aún más a otros dirigentes y movimientos contrarios al reconocimiento de derechos a unirse a su embestida”, ha añadido Agnès Callamard.“Pero seamos claros: este mal es mucho más profundo que las acciones del presidente Trump. Desde hace años, hemos presenciado la insidiosa propagación de prácticas autoritarias entre Estados de todo el mundo, fomentadas por aspirantes y dirigentes en ejercicio que actúan deliberadamente como motores de destrucción. Mientras nos arrastran a una nueva era de convulsión y crueldad, todas las personas que creemos en la libertad y la igualdad debemos prepararnos para luchar contra ataques extremos al derecho internacional y a los derechos humanos universales.”La proliferación de leyes, políticas y prácticas autoritarias dirigidas contra la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que Amnistía Internacional documentó en 2024 fue un elemento fundamental del retroceso global de los derechos humanos. Gobiernos de todo el mundo trataron de eludir la rendición de cuentas, afianzar su poder e infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos, encarcelando por cargos infundados de “terrorismo” o “extremismo” a quienes los criticaban, y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas por el clima, personas que se manifestaban en solidaridad con Gaza y otras voces discrepantes.Las fuerzas de seguridad de varios países utilizaron detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y, a menudo, fuerza excesiva —en ocasiones letal— para reprimir la desobediencia civil. Las autoridades de Bangladesh dieron orden de “disparar sin previo aviso” contra protestas estudiantiles y con ello causaron casi un millar de muertes, mientras que las fuerzas de seguridad de Mozambique, tras las controvertidas elecciones, desataron la peor represión de protestas que se había visto en años, y que se saldó con al menos 277 muertes.Turquía impuso prohibiciones generales de las protestas y sigue utilizando fuerza ilícita e indiscriminada contra personas que se manifiestan pacíficamente, pero, en países como Corea del Sur, el poder de la ciudadanía prevaleció cuando el presidente Yoon Suk Yeol suspendió ciertos derechos humanos y declaró la ley marcial, sólo para ser después destituido de su cargo y ver cómo esas medidas eran anuladas tras las protestas públicas masivas.Los conflictos armados ponen de manifiesto fallos reiteradosA medida que los conflictos se multiplicaban o intensificaban, las fuerzas estatales y los grupos armados actuaban descaradamente, cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario que han hecho trizas las vidas de millones de personas.En un informe histórico, Amnistía Internacional documentó el genocidio de Israel contra la población palestina en Gaza, y el sistema israelí de apartheid y ocupación ilícita de Cisjordania se hizo cada vez más violento. Mientras tanto, Rusia mató en 2024 a más civiles ucranianos que en el año anterior, y siguió atacando infraestructuras civiles y sometiendo a las personas detenidas a tortura y desaparición forzada.Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán infligieron una violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas, en lo que constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, mientras que el número de personas internamente desplazadas por los dos años de guerra civil de Sudán ascendió a 11 millones: más que en ningún otro punto del planeta. Sin embargo, la indiferencia hacia ese conflicto fue casi global; sólo suscitó interés en los actores cínicos que aprovecharon la oportunidad para violar el embargo de armas a Darfur.La comunidad rohinyá siguió sufriendo ataques racistas en Myanmar, que obligaron a muchas personas a huir de sus hogares en el estado de Rajine. Los recortes masivos del gobierno de Trump a la ayuda humanitaria exterior han agravado desde entonces la situación, provocando el cierre de hospitales en campos de refugiados de la vecina Tailandia, exponiendo a la deportación a defensores y defensoras de los derechos humanos que habían huido del país, y poniendo en peligro programas que ayudan a la población a sobrevivir al conflicto.La suspensión inicial de la ayuda exterior estadounidense también afectó a los servicios de salud y apoyo para los niños y niñas separados a la fuerza de sus familias en campos de detención de Siria, y los abruptos recortes han obligado a cerrar programas que salvaban vidas en Yemen, como por ejemplo el tratamiento contra la malnutrición para niños y niñas, mujeres embarazadas y madres lactantes, los refugios para supervivientes de violencia de género y la atención médica para niños y niñas que sufren cólera y otras enfermedades.“Amnistía Internacional lleva mucho tiempo advirtiendo del doble rasero que socava el orden basado en reglas. El impacto de ese retroceso, imparable hasta la fecha, alcanzó nuevas cotas en 2024, desde Gaza hasta la República Democrática del Congo. La comunidad internacional, que había allanado el camino hacia este caos al no defender universalmente el Estado de derecho, ahora debe asumir su responsabilidad”, ha manifestado Agnès Callamard.“El coste de estos incumplimientos es descomunal; por ejemplo, la pérdida de salvaguardias vitales para proteger a la humanidad tras los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus múltiples imperfecciones, el desmantelamiento del sistema multilateral no es la respuesta. Hay que reforzarlo y replantearlo. Sin embargo, tras ver cómo en 2024 se le infligían más daños, ahora el gobierno de Trump parece tener la intención de hacer trizas los restos de la cooperación multilateral para remodelar nuestro mundo a través de una doctrina transaccional impregnada de codicia, egoísmo cruel y dominio por parte de una minoría.”Los gobiernos están abandonando a las generaciones futurasLa situación de los derechos humanos en el mundo presenta pruebas claras de que el mundo está condenando a las generaciones futuras a una existencia cada vez más penosa a causa de la inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas.La COP29 fue una catástrofe, con una cantidad récord de grupos de presión en favor de los combustibles fósiles que inhibieron el progreso hacia una eliminación gradual y justa de estos combustibles, mientras los países más ricos acosaron a las naciones de bajos ingresos para que aceptaran unos acuerdos de financiación climática irrisorios. La temeraria decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París y su mantra “vamos a perforar y perforar” no han hecho más que agravar esta inacción y podrían animar a otros a seguir su ejemplo.“El año 2024 fue el más cálido desde que se tienen registros, y el primero que superó el umbral de 1,5 °C de calentamiento con respecto a los niveles preindustriales. Las inundaciones que devastaron Asia meridional y Europa, las sequías que asolaron el África Austral, los incendios que arrasaron franjas de la selva amazónica y los huracanes que causaron estragos en Estados Unidos dejaron claro el inmenso coste humano del calentamiento global, incluso en sus niveles actuales. Con un calentamiento previsto de 3 °C para final de siglo, las naciones más ricas saben que no son inmunes a desastres no naturales cada vez más extremos, como se vio claramente con los recientes incendios de California, pero… ¿actuarán?”, ha manifestado Agnès Callamard.En 2024, la pobreza extrema y la desigualdad dentro de los Estados y entre ellos siguieron intensificándose a causa de la inflación generalizada, la escasa regulación de las empresas, los abusos tributarios generalizados y las crecientes deudas nacionales. Sin embargo, muchos gobiernos y movimientos políticos utilizaron una retórica racista y xenófoba para culpar a las personas migrantes y refugiadas de la delincuencia y el estancamiento económico. Mientras tanto, el número y la riqueza de las grandes fortunas aumentó, pese a que el Banco Mundial advirtió de “una década perdida” en la reducción global de la pobreza.El futuro se presenta mucho más sombrío para numerosas mujeres, niñas y personas LGBTI, con ataques cada vez más intensos contra la igualdad e identidad de género. Los talibanes impusieron restricciones aún más draconianas a la existencia pública de las mujeres en Afganistán, mientras que las autoridades iraníes intensificaron su brutal represión de las mujeres y las niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo. Los grupos de mujeres que buscan a seres queridos desaparecidos en México y Colombia sufrieron todo tipo de amenazas y ataques.Malawi, Malí y Uganda tomaron medidas para tipificar como delito o prohibir las relaciones consentidas entre personas adultas del mismo sexo, mientras que Georgia y Bulgaria siguieron el ejemplo de Rusia respecto a la represión de la supuesta “propaganda LGBTI”. El gobierno de Trump está impulsando el retroceso mundial de la justicia de género al desmantelar las iniciativas que abordan la discriminación, atacar implacablemente los derechos de las personas transgénero y poner fin a la financiación de los programas de salud, educación y otras cuestiones que apoyaban a mujeres y niñas de todo el mundo.Los gobiernos están dañando más a las generaciones actuales y futuras al no regular adecuadamente las nuevas tecnologías, abusar de las herramientas de vigilancia y afianzar la discriminación y las desigualdades mediante el uso creciente de la inteligencia artificial.Las empresas tecnológicas llevan mucho tiempo facilitando prácticas discriminatorias y autoritarias, pero el presidente Trump ha agravado esta tendencia al animar a las empresas de redes sociales a retirar protecciones —incluida la eliminación por parte de Meta de la verificación de datos por terceros— y redoblar la apuesta por un modelo de negocio que permita la propagación de contenido violento y de odio. La alineación entre el gobierno de Trump y los milmillonarios tecnológicos también amenaza con abrir la puerta a una era de corrupción descontrolada, desinformación, impunidad y captura del poder del Estado por parte de las empresas.“Desde sentar a milmillonarios tecnológicos en lugares destacados en su ceremonia de investidura hasta otorgar al hombre más rico del mundo un acceso sin precedentes al aparato gubernamental estadounidense, parece que el presidente Trump va a permitir a sus aliados empresariales, que actúan guiados por sus propios intereses, campar a sus anchas, sin la más mínima consideración hacia los derechos humanos o incluso el Estado de derecho”, ha manifestado Agnès Callamard.Esfuerzos decisivos por defender la justicia internacionalA pesar de la creciente oposición de Estados poderosos —agravada este año por las vergonzosas sanciones del gobierno de Trump contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)—, la justicia internacional y los órganos multilaterales han seguido presionando para que se rindan cuentas al más alto nivel, y ha habido gobiernos del Sur Global que han liderado importantes iniciativas.La CPI dictó órdenes de detención contra altos cargos estatales y dirigentes de grupos armados de Israel, Gaza, Libia, Myanmar y Rusia. La ONU dio un importante paso para negociar un tratado, sumamente necesario, sobre los crímenes de lesa humanidad, y Filipinas hizo otro tanto al detener el mes pasado al expresidente Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de la CPI por el crimen de lesa humanidad de asesinato.La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó tres conjuntos de órdenes de medidas cautelares en la causa que Sudáfrica presentó contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio, y emitió una opinión consultiva en la que declaraba que la ocupación israelí de territorio palestino, incluida Jerusalén Oriental, es ilícita. La Asamblea General de la ONU también aprobó una resolución en la que pedía que Israel pusiera fin a su ocupación, y en enero de 2025 ocho Estados del Sur Global formaron el Grupo de La Haya, un colectivo comprometido con impedir las transferencias de armas a Israel y hacer que este país rinda cuentas por las violaciones del derecho internacional que ha cometido.“Aplaudimos los esfuerzos que realizan naciones como Sudáfrica y los órganos de justicia internacional para plantar cara a Estados poderosos decididos a socavar el derecho internacional. En una situación de impunidad tan complicada, esas naciones y esos órganos constituyen ejemplos que el mundo entero debería seguir. Los crecientes ataques que hemos presenciado contra la CPI en los últimos meses sugieren que este ámbito está emergiendo como un gran campo de batalla en 2025. Todos los gobiernos deben hacer cuanto esté en su mano para apoyar la justicia internacional, hacer rendir cuentas a los perpetradores y proteger a la CPI y a su personal frente a las sanciones”, ha manifestado Agnès Callamard.“A pesar de los enormes desafíos, la destrucción de los derechos humanos dista de ser inevitable. La historia está llena de ejemplos de personas valientes que han vencido a prácticas autoritarias. En 2024, la población de varias naciones rechazó en las urnas a dirigentes contrarios al reconocimiento de derechos, mientras que millones de personas de todo el mundo alzaron la voz contra la injusticia. Así que está claro. No importa quién se interponga en nuestro camino: debemos seguir —y seguiremos— oponiendo resistencia a los implacables regímenes basados en el poder y los beneficios que intentan privar a la gente de sus derechos humanos. Nuestro enorme e inquebrantable movimiento estará siempre unido en torno a nuestra creencia común en la dignidad y los derechos humanos inherentes a todas las personas de este planeta.”Los derechos humanos en EspañaAmnistía Internacional destaca en su informe anual que el derecho a la protesta pacífica en España continúa sufriendo retrocesos, con la entrada en prisión o amenaza de cárcel a manifestantes pacíficos, mientras siguen sin cumplirse las promesas de reforma de la Ley Mordaza o el Código Penal. Es el caso de Javitxu, por ejemplo, que lleva casi un año en prisión por participar en una manifestación en 2019, tras ser declarado culpable de desórdenes públicos y atentado a la autoridad; o de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH); así como de decenas de activistas por el clima que continúan siendo objeto de investigación por organización criminal debido a su participación en acciones directas no violentas en nombre de Futuro Vegetal; entre otros casos.Asimismo, la organización señala que la protección de los derechos económicos, sociales y ambientales continúa sin estar garantizada en España. "Como en otros países, si estos derechos no se protegen de manera adecuada, España seguirá poniendo en riesgo a las generaciones futuras, especialmente en materia del derecho a la vivienda, con unos precios de los alquileres que han aumentado de manera desproporcionada en comparación con el salario medio. La Ley por el Derecho a la Vivienda, resultó ser un avance para los derechos humanos, pero su aplicación no garantiza la protección requerida según las normas internacionales, sobre todo después de que tan solo dos comunidades autónomas, Cataluña y, de forma inicial, el País Vasco, hayan aplicado la fórmula establecida por esta ley para limitar los precios de los alquileres", señala Esteban Beltrán, director de la organización en España."También nos preocupa la política migratoria en España. En líneas generales las autoridades mantienen un discurso de acogida y respecto a las personas migrantes. Algo necesario en un momento de excesiva crispación y polarización, tal y como señaló la propia Fiscalía General del Estado en su memoria de 2023. Pero esos discursos deben transformarse en acciones: los más de 5.000 niños y niñas migrantes no acompañados en las Islas Canarias siguen sin estar protegidos de manera adecuada. Esto es, sin que se mejoren, a pesar de los compromisos acordados, las condiciones de hacinamiento que sufren estos niños u niñas a veces, compartiendo centros con adultos; sin que se realicen estudios individualizados de todos los niños y niñas garantizando el interés superior del menor; y sin que se lleven a cabo inspecciones periódicas y adecuadas de los centros de acogida para combatir posibles situaciones de violencia y abusos contra ellos, como ha denunciado Amnistía Internacional", indica Beltrán.En su política exterior, el gobierno español destacó por tomar medidas positivas en relación a Gaza, como el anuncio para sumarse al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza, el apoyo a UNRWA o la suspensión de la aprobación de nuevas licencias de transferencias de armas a Israel. Sin embargo, Amnistía Internacional espera que se den pasos para reconocer, por parte del Gobierno español, la práctica del genocidio en Gaza y, por lo tanto, en el marco bilateral y de la Unión Europea, se actúe en consecuencia.
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Arabia Saudí: Familias temen la ejecución inminente de sus seres queridos ante un aumento de las ejecuciones por delitos de drogas (Thu, 24 Apr 2025)
Decenas de hombres condenados a muerte en Arabia Saudí por delitos de drogas están aterrorizados ante el drástico aumento de las ejecuciones por este tipo de delitos que se está dando en el país en los últimos meses, ha afirmado hoy Amnistía Internacional basándose en información facilitada por familiares de reclusos condenados a muerte.Entre enero y abril de 2025, las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 88 personas, de las que 52 estaban condenadas por delitos de drogas. Se trata de un aumento brusco con respecto a 2024, cuando se batió el récord de ejecuciones: durante el mismo periodo se ejecutó a 46 personas, ninguna por ese tipo de delitos. Esta misma semana, en un solo día, el 22 de abril, la Agencia de Prensa Saudí anunció la ejecución de tres personas, dos saudíes por “promover el hachís” y un pakistaní por “tráfico de heroína”.“A pesar de las reiteradas afirmaciones de que se está limitando el uso de la pena de muerte en los casos en que la sharia no la prescribe, el alarmante aumento de las ejecuciones por delitos de drogas pone de manifiesto la cruda realidad: Arabia Saudí incumple flagrantemente el derecho y las normas internacionales, que restringen el uso de la pena de muerte a ‘los delitos más graves’, los que implican homicidio intencionado”, ha afirmado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.“Las autoridades saudíes deben poner fin de inmediato a esta oleada de ejecuciones, suspender oficialmente todas las ejecuciones y avanzar hacia la abolición de la pena de muerte para todos los delitos.”Hasta que se produzcan estos cambios, Arabia Saudí debe revisar su legislación con urgencia para eliminar las disposiciones que permiten imponer la pena de muerte. Asimismo, debe garantizar su abolición en cualquier código penal que se adopte, también para los delitos que no alcanzan el umbral de los “más graves” establecido en las normas internacionales, como es el caso de los delitos de drogas, y garantizar que todas las personas tienen acceso a juicios justos y a una representación letrada adecuada.Aunque las autoridades saudíes no publican ni difunden las cifras de personas condenadas a muerte, los medios de comunicación afines al gobierno con regularidad de detenciones por delitos de droga, de lo que se deduce que el número de personas detenidas y condenadas a muerte por tales delitos es elevado.En noviembre de 2024, las autoridades de la prisión de Tabuk trasladaron a un mismo pabellón a 35 egipcios condenados por delitos de drogas, una medida que suele suscitar el temor a una ejecución inminente. Desde noviembre de 2024, al menos 10 ciudadanos extranjeros y dos saudíes han sido ejecutados por delitos de drogas en esa misma prisión, lo que hace temer la ejecución inminente del resto.Además, en marzo de 2025 había al menos 44 hombres somalíes condenados a muerte en la prisión de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, por delitos de drogas, según el consulado somalí en el país. El 16 de febrero de 2025, el Ministerio del Interior saudí anunció la ejecución en Najran del somalí Mohamed Nur Hussein por “contrabando de hachís”, lo que hacía temer por la suerte que corrían decenas de otras personas condenadas a muerte.Un egipcio condenado a muerte dijo a su familia en abril: “Hace unos días se llevaron a un sudanés en plena noche, mientras dormíamos”.Otro miembro de la familia profundamente afligido dijo a Amnistía Internacional: “No queda tiempo para salvarlos, el tiempo se acaba”.Tras una pausa de unas pocas semanas antes y durante el Ramadán —del 20 de febrero al 6 de abril—, las ejecuciones se reanudaron a un ritmo alarmante en este mes, con un aumento asombroso de los casos de extranjeros ejecutados por delitos de drogas. Entre los días 6 y 24 de abril de 2025, Arabia Saudí ejecutó a 22 personas, más de una al día de media. De ellas, 17 eran extranjeros de ocho países árabes, subsaharianos y asiáticos, incluido el su de Asia, condenados por delitos de drogas en todos los casos. También se ejecutó a seis ciudadanos saudíes, tres por delitos de drogas y otros tres en relación con cargos de asesinato y terrorismo.Juicios manifiestamente injustosAmnistía Internacional ha documentado un constante de violaciones de las garantías de juicio justo antes de las ejecuciones, incluidas las de ciudadanos extranjeros.Al menos cinco egipcios condenados a muerte no pudieron permitirse representación letrada por limitaciones económicas, y no se les proporcionó un abogado de oficio ni durante la investigación ni durante el juicio.En otra causa, también de un ciudadano egipcio condenado a muerte, la persona tenía un abogado de oficio que, durante el juicio, no presentó información crucial sobre el caso para apoyar su defensa.Varios de los ciudadanos egipcios que corren peligro de ejecución contaron a sus familias y al juez que durante los interrogatorios habían sido sometidos a tortura para extraerles “confesiones”. Según los documentos judiciales examinados por Amnistía Internacional y las “confesiones” empañadas por la tortura utilizadas como prueba contra ellos, no se investigó ninguna de sus denuncias de tortura.Issam Shazly, ciudadano egipcio declarado culpable y condenado a muerte en 2022 en virtud del artículo 37 de la Ley de Control de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, no contó con representación letrada durante el arresto y la investigación. Su familia contó a Amnistía Internacional que, posteriormente, el tribunal designó un representante letrado para apoyar su defensa, pero el abogado no cooperó y no les informó sobre detalles cruciales, como la posibilidad de solicitar el indulto o el plazo de recurso o de sentencia del Tribunal Supremo.“No sabíamos absolutamente nada porque es un país extranjero y no conocemos sus leyes. Esperábamos que el abogado nos informara”, dijeron.En 2019, Rami al Najjar fue condenado por un tribunal saudí por introducción de drogas reguladas en el país para su venta y por posesión de ocho gramos de hachís para consumo personal, según los documentos judiciales analizados por Amnistía Internacional. No se le asignó abogado de oficio. Contó a Amnistía Internacional que durante la vista de apelación el juez le había dicho que no podía presentar alegaciones contra su condena porque carecía de abogado. Él mismo presentó un recurso ante el Consejo Judicial Supremo, pero no recibió respuesta. La familia de Rami logró finalmente que se le asignara un abogado a principios de 2025, pero dijeron que, en marzo, el abogado aún no había hecho nada porque estaba esperando a ver la evolución del caso. Un miembro de la familia manifestó: “No entiendo qué más tiene que suceder, aparte de la ejecución inminente de Rami, para que el abogado reabra el caso”.Mohamed Ahmed Saad y Omar Ahmad Ibrahim fueron detenidos en mayo de 2017 y acusados de traficar con captagon, una droga sintética. A continuación fueron recluidos en régimen de incomunicación durante un año y medio. Llevan cerca de ocho años condenados a muerte. A ambos se les negó el acceso a representación letrada y, según documentos judiciales, los dos “confesaron” los cargos tras ser sometidos a fuertes palizas. El 9 de octubre de 2019, un tribunal de apelación confirmó su condena a muerte.Información complementariaArabia Saudí ha sido siempre uno de los países del mundo en el que se ha registrado un mayor número de ejecuciones. En 2024, las autoridades anunciaron la ejecución de 122 personas por delitos de drogas, cifra que representa una porción significativa de las 345 ejecuciones conocidas llevadas a cabo ese año. Este fuerte aumento se produjo tras un paréntesis de casi tres años sin llevar a cabo ejecuciones de este tipo, a raíz de la moratoria anunciada por la Comisión de Derechos Humanos saudí en enero de 2021. El año pasado, Arabia Saudí fue uno de los cuatro países conocidos por haber llevado a cabo ejecuciones por delitos de drogas.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o del método de ejecución utilizado por el Estado.
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Rusia: La condena de la activista Daria Kozyreva por protesta poética contra la guerra expone la represión continua (Fri, 18 Apr 2025)
 Ante la sentencia condenatoria impuesta a la activista de 19 años Daria Kozyreva por “desacreditación reiterada de las Fuerzas Armadas rusas”, Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional para Rusia, ha declarado: “La sentencia de hoy es otro escalofriante recordatorio de todo lo que harán las autoridades rusas para silenciar a la oposición pacífica a su guerra en Ucrania”. “A Daria Kozyreva se la castiga por citar un poema ucraniano clásico del siglo XIX, por denunciar una guerra injusta y por negarse a permanecer en silencio”Natalia Zviagina, Amnistía Internacional “A Daria Kozyreva se la castiga por citar un poema ucraniano clásico del siglo XIX, por denunciar una guerra injusta y por negarse a permanecer en silencio. Exigimos su libertad inmediata e incondicional y la de todas las personas encarceladas por ‘leyes de censura de guerra’”. Información complementariaEl 18 de abril, el Tribunal de Distrito de Petrogradsky (San Petersburgo) condenó a la ex estudiante de Medicina Daria Kozyreva a dos años y ocho meses de reclusión en una colonia penitenciaria en aplicación de la ley sobre “desacreditación de las Fuerzas Armadas” (artículo 280.3 del Código Penal). El Tribunal la declaró culpable de actos pacíficos de disidencia: publicar una entrada en su blog en la que criticaba la guerra de Rusia en Ucrania; conceder una entrevista a un proyecto de Radio Free Europe/Radio Liberty y pegar una cita del poema “Testamento”, del reconocido poeta ucraniano Taras Shevchenko, al monumento de éste en San Petersburgo. La cita decía: “Oh, enterradme, luego levantaos / y romped vuestras pesadas cadenas / y regad con la sangre del tirano / la libertad que habéis alcanzado“. Daria Kozyreva pasó casi un año en detención preventiva y fue sometida a evaluación psiquiátrica forzada. El 7 de febrero de 2025, fue puesta en libertad por haber estado detenida el tiempo máximo permitido. Su libertad siguió estando restringida: estaba sometida a un toque de queda y se le prohibió usar el teléfono o Internet, así como hablar con los medios de comunicación.
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