Amnistía Internacional

Irán: Dos años después del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” los responsables de delitos siguen impunes (mié, 11 sep 2024)
La población de Irán sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de la brutal represión ejercida por las autoridades contra el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” en un contexto de impunidad sistemática por los crímenes de derecho internacional cometidos, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en vísperas del segundo aniversario de las protestas que tuvieron lugar en todo el país contra décadas de opresión y discriminación por motivos de género. No se han llevado a cabo investigaciones penales efectivas, imparciales e independientes sobre las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes durante y después de las protestas nacionales que tuvieron lugar de septiembre a diciembre de 2022, incluido el uso generalizado e ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad dispararon fusiles de asalto, armas de fuego cargadas con perdigones de metal y latas de gas lacrimógeno, y golpearon duramente con porras a quienes se manifestaban, lo que se tradujo en el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos decenas de niños y niñas, y en lesiones que alteraron la vida de muchas personas más. Las autoridades han tratado de silenciar a los familiares que buscan verdad y justicia por los homicidios ilegítimos de sus seres queridos sometiéndolos a detención arbitraria, enjuiciamientos injustos, amenazas de muerte y otras formas de hostigamiento implacable. Dos años después, las autoridades han llevado aún más lejos su ataque a los derechos humanos, librando una “guerra contra las mujeres y las niñas” al reprimir con creciente violencia a quienes desafían la draconiana legislación sobre el uso obligatorio del velo, y han intensificado el uso de la pena de muerte para silenciar a la disidencia. “El aniversario del levantamiento ‘Mujeres, Vida, Libertad’ es un recordatorio inquietante de que en Irán hay innumerables personas que siguen sufriendo las consecuencias de la brutal represión de las autoridades. Se siguen negando la vedad, justicia y reparación a víctimas y sobrevivientes de los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios iraníes durante el levantamiento y después de éste, así como a sus familiares”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Las autoridades iraníes han dedicado los últimos dos años a librar una campaña de negación y distorsión para ocultar las pruebas de sus crímenes e intentar intimidar a las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas, a fin de silenciarlas.” Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Las autoridades iraníes han dedicado los últimos dos años a librar una campaña de negación y distorsión para ocultar las pruebas de sus crímenes e intentar intimidar a las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas, a fin de silenciarlas. Ante la nula perspectiva de que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales internamente, es imperativo que los Estados, a través de sus fiscalías nacionales y acogiéndose al principio de jurisdicción universal, inicien investigaciones penales sobre los delitos cometidos por las autoridades iraníes”. Intensificación de la “guerra contra las mujeres” Como parte de sus iniciativas para sofocar el poderoso movimiento de derechos de las mujeres contra el uso obligatorio del velo, que se ganó fuerza tras la muerte bajo custodia de Mahsa/Jina Amini, y el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, en abril de 2024, las autoridades iraníes lanzaron una campaña a nivel nacional llamada “Plan Noor”. Desde entonces se ha observado un evidente aumento de las patrullas de seguridad a pie, en motocicleta, en automóvil y en furgones policiales en los espacios públicos para hacer cumplir la obligatoriedad del uso de velo. La represión también ha incluido peligrosas persecuciones de automóviles para detener a conductoras, confiscación masiva de sus vehículos, encarcelamiento, flagelación y otras penas que equivalen a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 22 de julio de 2024, agentes de la policía iraní dispararon municiones letales contra el automóvil en el que viajaba Arezou Badri, de 31 años, dejándola gravemente herida. Según informes de los medios de comunicación, los agentes estaban tratando de confiscar el automóvil como parte de la aplicación de la legislación sobre el uso obligatorio del velo. En agosto de 2024, circuló en las redes sociales un video perturbador en el que se veía a varios agentes agrediendo violentamente a dos niñas de 14 años que se habían quitado el velo. Una de las niñas, Nafas Hajisharif, dijo en una entrevista con los medios: “Me tiraban del pelo, me gritaban y me insultaban… cuando me metieron en el furgón me tiraron al suelo. Una agente me pegó, me puso la rodilla en el cuello y me golpeó la cabeza con fuerza. Tenía la cabeza bloqueada entre los asientos y mientras me daban patadas en el costado”. “Son varias las entidades estatales que están llevando acabo un ataque sin cuartel contra las mujeres y las niñas que reivindican sus derechos humanos a la libertad de expresión, reunión pacífica, religión, creencias y autonomía. Entre quienes se encargan de hacer cumplir la legislación degradante y discriminatoria sobre el uso obligatorio del velo figuran la Policía de Seguridad Moral (police amniat-e akhlaghi), la policía de tráfico, las fiscalías, los tribunales, el Ministerio de Inteligencia, la Guardia Revolucionaria, incluidas sus fuerzas Basij, y agentes vestidos de civil. Entretanto, el Parlamento iraní está a punto de aprobar un “Proyecto de Ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab” con el que pretende legalizar la intensificación del ataque de las autoridades a las mujeres y las niñas que cuestionan la obligación de llevar el velo. Aumento de la aplicación de la pena de muerte Desde el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, las autoridades iraníes han duplicado la aplicación de la pena de muerte, siendo 2023 el año en que se registró el mayor número de ejecuciones de los últimos ocho años. Las autoridades recurrieron a esta pena como herramienta de opresión para aterrorizar a la población, incluida la minoría étnica baluchi, que es objeto de persecución y se ha visto afectada de manera desproporcionada por las ejecuciones. Las autoridades han ejecutado arbitrariamente a 10 hombres desde diciembre de 2022 en relación con las protestas de septiembre a diciembre de ese año, incluido Reza (Gholamreza) Rasaei, que fue ejecutado en secreto el 6 de agosto de 2024. Las ejecuciones se llevaron a cabo tras simulacros de juicio manifiestamente injustos que se basaron en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos, incluida la violencia sexual, que no fueron investigadas de forma independiente e imparcial. Más de una docena de personas siguen en corriendo el riesgo de ser ejecutadas o condenadas a muerte en relación con las protestas, entre ellas Mojahed Kourkouri. Esta escalada incluye el uso de la pena de muerte contra mujeres por cargos de motivación política. La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi y la activista de la sociedad civil kurda Pakhshan Azizi fueron declaradas culpables recientemente de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) y condenadas a muerte por Tribunales Revolucionarios en causas separadas, únicamente por su activismo pacífico. Se conocen informes alarmantes de que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. Al menos otras dos mujeres, Wrisha Moradi y Nasim Gholami Simiyari, han sido juzgadas también por “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en causas separadas. Utilización de la violencia sexual como arma En los últimos dos años, las autoridades han seguido negando que los funcionarios sometieran a las personas detenidas durante las protestas a tortura y otros malos tratos, incluida la violación y otras formas de violencia sexual. Durante el levantamiento, las fuerzas de seguridad e inteligencia de Irán sometieron a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos de forma generalizada. En diciembre de 2023, Amnistía Internacional detalló el uso espeluznante de la violación, incluida la violación en grupo, y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades iraníes para aplastar las protestas y aterrorizar y castigar a quienes se manifestaban, incluidos niños y niñas de tan solo 12 años. En marzo de 2024, el Consejo Superior de Derechos Humanos de la República Islámica de Irán, que no es un órgano independiente, sino que depende del poder judicial, respondió a la investigación de Amnistía Internacional afirmando que el poder judicial de Irán había investigado las denuncias y encontrado que “en 28 de las 31 provincias no se ha[bían] presentado denuncias por violación, agresión y acoso sexual”. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente el modo en que la fiscalía y las autoridades judiciales han desestimado o encubierto pruebas de violencia sexual, incluidas denuncias de supervivientes. En las tres provincias donde los funcionarios dijeron que habían recibido denuncias de violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia, las autoridades afirmaron que estas personas se hacían pasar por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, un documento oficial filtrado en octubre de 2022 por el fiscal adjunto de Teherán reconocía que dos presuntos autores de violaciones de manifestantes eran agentes de la Guardia Revolucionaria y aconsejaba clasificar el caso como “completamente confidencial”. Crisis de impunidad sistémica Los funcionarios iraníes sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos siguen eludiendo la justicia. En marzo de 2024 se hizo público el informe del “Comité Especial para Examinar los Disturbios de 2022”, comité no judicial y sesgado establecido por el presidente difunto para facilitar la campaña oficial de negación, distorsión y encubrimiento. El comité afirmó que las fuerzas de seguridad habían “actuado de manera responsable” en respuesta a las protestas, pese a estar bien documentado que emplearon fuerza ilegítima, incluidos medios letales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la misión de investigación de la ONU sobre Irán en abril de 2024, pero las autoridades iraníes persisten en negarse a cooperar con el organismo independiente y en negar a sus miembros el acceso al país. Amnistía Internacional se hace eco de las recomendaciones de la misión a todos los Estados para que, en virtud del principio de jurisdicción universal, inicien investigaciones penales sobre funcionarios iraníes con sospechas razonables de haber cometido crímenes de derecho internacional, independientemente de que el acusado se encuentre o no en su territorio, y para que inicien “investigaciones estructurales sobre la situación general vinculada a las protestas de 2022 sin que se haya identificado a un sospechoso”. Más información Con motivo de este segundo aniversario, Amnistía Internacional España, junto con la Asociación Irani Pro Derechos Humanos, Amnistía Internacional España y la Comunidad Bahá’í de España llevarán a cabo el acto Uniendo voces por Irán el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en el Círculo de Bellas Artes Solidario. Se trata de un evento para apoyar a quienes defienden los derechos humanos en el país, en especial la igualdad y libertad de las mujeres iraníes, las minorías religiosas y étnicas. En el acto, al que asistirá Taghi Rahmani, periodista y esposo de la activstia iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, quien presentará el libro escrito por ella “Tortura Blanca", se llevarán a cabo también diversas propuestas artísticas.
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Libia: La Agencia de Seguridad Interna debe rendir cuentas por las muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias (Tue, 10 Sep 2024)
La arraigada impunidad por las muertes bajo custodia y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por grupos armados que actúan bajo el mando de las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias ha permitido a la Agencia de Seguridad Interna (ISA, por su sigla en inglés) intensificar su represión contra las voces críticas y la oposición política en los últimos meses, como figuras políticas, activistas, poetas y firmantes de blogs; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Desde enero de 2024, agentes de la ISA fuertemente armados han arrestado sin orden judicial a decenas de personas, entre ellas mujeres y hombres septuagenarios, en sus casas o en la calle y otros lugares públicos de zonas del este y sur de Libia controladas por las Fuerzas Armadas Árabes Libias. A continuación, las personas arrestadas fueron trasladadas a instalaciones controladas por la ISA, donde permanecieron en detención arbitraria durante meses sin que se les permitiera contactar con familiares o representación letrada; algunas sufrieron desaparición forzada durante periodos de hasta 10 meses. Ninguna fue llevada ante las autoridades judiciales civiles, autorizada a impugnar la legalidad de su detención o acusada formalmente de ningún delito. Dos personas murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas en abril y julio mientras se encontraban en centros de detención controlados por la ISA en Bengasi y Ajdabiya. No se ha llevado a cabo ninguna investigación penal independiente e imparcial sobre sus muertes y nadie ha rendido cuentas. “El aumento de las detenciones arbitrarias y las muertes bajo custodia en los últimos meses pone de relieve cómo la cultura de impunidad existente ha dado alas a los grupos armados para violar el derecho a la vida de las personas detenidas sin temor a sufrir consecuencias. Estas muertes bajo custodia se suman al catálogo de horrores infligidos por la ISA a quienes se atreven a expresar opiniones críticas con las Fuerzas Armadas Árabes Libias”, ha afirmado Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia. “El Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli y las Fuerzas Armadas Árabes Libias —en calidad de autoridades de facto en el este y sur de Libia— deben garantizar la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias deben asimismo apartar de sus puestos a los mandos y miembros de la ISA sobre quienes existan sospechas razonables de haber cometido crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos, en espera de que se lleven a cabo investigaciones penales independientes e imparciales que incluyan las causas y circunstancias de las muertes bajo custodia y, si existen pruebas suficientes, su procesamiento con las debidas garantías ante tribunales civiles.” Amnistía Internacional entrevistó a un exdetenido, a las familias de siete detenidos —entre ellos los dos hombres que murieron bajo custodia— y a representantes letrados, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos. Nuestro hijo nos fue devuelto como un cadáver El 13 de julio de 2024, Ahmed Abdel Moneim al Zawi, de 44 años, murió mientras estaba bajo custodia en un centro de detención de la ISA en Ajdabiya, en el noreste de Libia. Había sido arrestado arbitrariamente el 10 de julio cuando visitaba el centro de detención para ver a su hermano, Abdrabo Abdel Moneim al Zawi, detenido por sus críticas a la ISA. Según fuentes informadas, la ISA afirmó que Ahmed Abdel Moneim al Zawi se había ahorcado, pero según testigos presentaba un hematoma en la parte posterior de la cabeza aparentemente debido a un fuerte golpe. Sheij al Sanussi al Haliq al Zawi, vicepresidente del Consejo Supremo de Notables y Tribus de Libia y jefe de la tribu de la víctima, apareció en un vídeo lamentándose el 16 de julio: “Nuestro hijo (Ahmed) entró por su propio pie y nos fue devuelto como un cadáver”. Menos de 24 horas después apareció en otro vídeo elogiando a la ISA y señalando que se había establecido un comité para investigar la muerte de Ahmed Abdel Moneim al Zawi. Amnistía Internacional sospecha que se ejercieron presiones sobre el Sheij al Sanussi al Haliq al Zawi para que exonerara públicamente a la ISA, de acuerdo con un patrón ya documentado de amenazas de la ISA a personas sobrevivientes y familiares de víctimas si se atreven a hablar en su contra. Según fuentes informadas, la fiscalía de Bengasi cerró el caso sin abrir una investigación y el informe forense omitió cualquier mención de lesiones en la cabeza. Siraj Dughman, analista político libio, murió el 19 de abril de 2024, también mientras estaba bajo custodia de la ISA. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias nunca respondieron a los llamamientos de miembros de la comunidad internacional y de la sociedad civil libia en favor de una investigación sobre las circunstancias de su muerte. La ISA aseguró el 20 de abril que Siraj Dughman se había caído durante un intento de fuga. No se autorizó a la familia a ver su cuerpo ni se compartió ningún informe de autopsia. Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que su certificado de defunción indicaba que la causa de la muerte era “una caída desde un lugar elevado”. Detenciones arbitrarias por cargos falsos El 1 de octubre de 2023, la ISA arrestó a Siraj Dughman junto con Fathi al Baaja —secretario general del Partido Libia para Todos y exmiembro del Consejo Nacional de Transición de 2011— y otro activista político, y los acusó de planear el derrocamiento de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Estas detenciones tuvieron lugar después de que el Centro Libio de Estudios Estratégicos y Futuros, dirigido por Siraj Dughman, celebrara una reunión interna para hablar del derrumbe mortal de la presa de Derna. Ese mismo mes, la ISA arrestó a otros dos activistas políticos que, según afirmó, pertenecían al mismo grupo que Siraj Dughman y planeaban derrocar a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Los cuatro sobrevivientes quedaron en libertad el 25 de agosto, después de pasar más de 10 meses en detención arbitraria sin cargos ni juicio. La activista y bloguera en detención arbitraria Maryam Mansour al Warfalli, conocida como “Nakhla Fezzan”, fue arrestada por la ISA el 13 de enero de 2024 en Sabha tras haber criticado a las Fuerzas Armadas Árabes Libias por su supervisión de la distribución de gas de cocina en el sur de Libia. Maryam Mansour al Warfalli lleva años criticando abiertamente la mala gestión en el sur de Libia. Según un familiar, desde que está detenida en la jefatura de la ISA en Bengasi, Maryam Mansour al Warfalli no puede recibir ninguna visita familiar. Un psiquiatra la examinó y solicitó su ingreso en el hospital de Bengasi el 2 de mayo; sin embargo, Maryam volvió a la cárcel a los pocos días de estar allí. El 19 de abril, en Sabha, agentes de la ISA también arrestaron arbitrariamente a Sheij Ali Msbah Abusbeha, de 77 años, jefe del Consejo Supremo de Tribus y Ciudades del Fezán y destacado político crítico con las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y le negaron el acceso a familiares y representación letrada. Contó a Amnistía Internacional que seguía recibiendo asistencia médica tras su liberación el 20 de junio y que a los tres días había huido de su casa debido a las amenazas de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Los grupos armados aliados de las Fuerzas Armadas Árabes Libias también han sometido a desaparición forzada al jeque sufí Muftah al Amin al Biju, de 78 años, desde el 4 de febrero, después de que unos 20 hombres armados lo arrestaran en su casa de Bengasi. Según un familiar, su arresto se debía únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de religión y de creencias, en un contexto de actuaciones de la ISA contra sufíes que no defienden la ideología salafista madjalista a la que se adhiere la ISA. El familiar había escuchado de fuentes no oficiales que su salud en la prisión de Qarnada —una de cuyas secciones está bajo control de la ISA— se ha deteriorado, ya que tiene diabetes y el sistema inmunológico frágil al ser sobreviviente de cáncer. Sus familiares no han podido visitarlo ni obtener confirmación de ningún grupo armado afiliado a las Fuerzas Armadas Árabes Libias sobre su lugar de detención. Información complementaria El grupo armado denominado Agencia de Seguridad Interna (ISA) actúa bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias y está dirigido por Ousama al Dressi. Miembros de la ISA han cometido abusos terribles contra los derechos humanos para silenciar a personas críticas y opositoras. El presupuesto de 179.000 millones de dinares libios (36.800 millones de dólares estadounidenses) aprobado por el Parlamento de Libia en julio de 2024 para el “Gobierno de Libia” con sede en el este, aliado de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, destina fondos a grupos armados con antecedentes de abusos, como la ISA. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias desempeñan y controlan funciones propias de un gobierno en Bengasi, la segunda ciudad de Libia en tamaño, y en extensas franjas del este y sur del país. Cuando unas autoridades de facto, como las Fuerzas Armadas Árabes Libias, controlan el territorio y ejercen funciones de gobierno, también están obligadas a respetar el derecho internacional de los derechos humanos. En el oeste de Libia opera una entidad independiente, también denominada Agencia de Seguridad Interna, dirigida por Lotfi al Harari y en teoría sometida a la autoridad del Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli.
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Pakistán: La nueva Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público pone en riesgo el derecho de protesta (Tue, 10 Sep 2024)
En respuesta al visto bueno presidencial que recibió la Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público de 2024 a finales de la semana pasada y a la continua represión de las protestas pacíficas en Pakistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado: “La Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público de 2024 constituye un nuevo ataque contra el derecho a la libertad de reunión pacífica en Pakistán, que acumula un largo historial de leyes draconianas para criminalizar las protestas pacíficas y reprimir la expresión de la disidencia.” “En lugar de tratar de adecuar el restrictivo marco legal existente al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Pakistán se ha apresurado sin mesura a garantizar que ambas cámaras parlamentarias aprobaran el nuevo proyecto de ley y a obtener el visto bueno presidencial en menos de una semana desde su presentación.” La ley amplía el poder de las autoridades para restringir o prohibir las reuniones en Islamabad por motivos excesivamente vagos, como ‘perturbación de las actividades diarias’, y aumenta considerablemente la pena máxima por participar en una ‘reunión ilegítima’, de seis meses a tres años de prisión.” “Aunque es únicamente aplicable al territorio de Islamabad, la ley no sólo provoca un efecto disuasorio en la capital, sino que sienta un peligroso precedente que los gobiernos provinciales de todo el país podrían imitar. Al elaborar cualquier propuesta legislativa, es preciso consultar a las personas potencialmente afectadas por este tipo de leyes —incluidos grupos de la sociedad civil, activistas y opositores políticos— de forma oportuna”. Además, es imprescindible que se preserve el derecho a reunirse en las inmediaciones de sedes gubernamentales y lugares políticamente simbólicos. “El gobierno paquistaní debe derogar de inmediato la Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público y modificar otras leyes que permiten la prohibición general de las reuniones e imponen requisitos restrictivos que vulneran de forma flagrante las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Toda restricción debe cumplir estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.” Información complementaria El proyecto de ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público se presentó en el Senado de Pakistán el 2 de septiembre de 2024; la Comisión Permanente del Senado lo aprobó al día siguiente. El Senado y la Asamblea Nacional lo promulgaron en el transcurso de los dos días siguientes, pese a las objeciones de los partidos de la oposición. A finales de la misma semana obtuvo el visto bueno presidencial con “premura”.
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Venezuela: La ONU debe renovar el mandato de expertos independientes (Mon, 09 Sep 2024)
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron hoy 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela. La Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio, recalcaron las organizaciones. Las tres personas expertas que conforman la Misión presentarán su quinto informe el 19 de septiembre, durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre de 2024. Se requiere una resolución para extender el mandato después de octubre. En el pasado, un grupo de países de América Latina, así como Canadá, lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación de los Estados miembros del Consejo, requerirá una mayoría simple para que se apruebe. Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca, señalaron las organizaciones. El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022. La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública. Millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes, ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas de la oposición y restricciones a la participación política. El Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen significativo. Desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad. Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo "niños" como menores de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de 'terrorismo' y otros tipos penales discrecionales.El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha documentado rigurosamente en sus informes. Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas, según las organizaciones. Con la renovación del mandato de la Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en un periodo postelectoral crítico. La renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión, concluyeron las organizaciones.   Firman: Acceso a la Justicia AlertaVenezuela Amnistía Internacional Caleidoscopio Humano Centro de Justicia y Paz (Cepaz) Centro para los Defensores y la Justicia Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) CIVICUS Comisión Internacional de Juristas Comité de familiares de víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) Espacio Público Federación Internacinal por los Derechos Humanos (FIDH) Foro Penal Freedom House Fundación para el Debido Proceso (DPLF) Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) Human Rights Watch Ideas por la Democracia Justicia, Encuentro y Perdón Laboratorio de Paz Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD) Observatorio venezolano de conflictividad social (OVCS) Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ONG Red Reto Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) Red Electoral Ciudadana (REC) Robert F. Kennedy Human Rights Servicio Internacional de Derechos Humanos Voto Joven
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Alemania: Defender el derecho de asilo es defender Europa (Mon, 09 Sep 2024)
En respuesta a los planes anunciados por el gobierno alemán de imponer controles más estrictos en todas las fronteras terrestres del país, en lo que describe como un intento de atajar la migración irregular, Amnistía Internacional se suma a 26 organizaciones no gubernamentales y asociaciones para publicar un llamamiento al gobierno federal. Julia Duchrow, secretaria general de Amnistía Internacional en Alemania, ha declarado: “El debate actual sobre una supuesta situación de emergencia y el rechazo en las fronteras alemanas de quienes llegan a ellas en busca de protección ponen en peligro la cohesión europea. Los retos que plantean las políticas de asilo sólo pueden resolverse desde la unidad y a escala europea. El gobierno federal no debe cortar el cordón umbilical con Europa para confiar en esfuerzos nacionales en solitario ni tirar por la borda los requisitos legales europeos.” Llamamiento conjunto al gobierno federal “Proteger a las personas refugiadas forma parte de nuestros valores democráticos: rechazar las peticiones de devolución y defender el Estado de derecho y los derechos humanos en Europa.” “Todos y todas queremos vivir en una sociedad que nos proteja y nos apoye, en la que se nos respete. Por ese motivo, los pilares de nuestra sociedad son la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Nos protegen a todas las personas y, como tal, debemos protegerlos. La diversidad de nuestra sociedad —desde las ideas hasta los pensamientos, desde el origen hasta la identidad— es nuestra fortaleza. Defender los derechos de todas las personas de nuestra sociedad refuerza también nuestros propios derechos. Sin embargo, los debates actuales sobre el endurecimiento de las leyes de asilo contradicen esta meta.” “Tras lo vivido en la Segunda Guerra Mundial, el derecho a buscar protección frente a las violaciones de derechos humanos en Alemania y Europa forma parte del ADN de nuestra democracia. Quienes huyen hacia Alemania son parte de nuestra sociedad: trabajan y se implican en el país, crían a sus hijos e hijas en él y, como tal, pertenecen a él. La mala conducta de algunas personas nunca debe provocar que se estigmatice y racialice a ciertos grupos, ni que se los señale como impropios del lugar. No permitiremos que nos dividan.” “Nos oponemos a las fuerzas políticas interesadas en crear división e incertidumbre. En varios países de la UE, hemos visto la hoja de ruta de personalidades políticas autoritarias, con la que se crea un sentimiento de ‘nosotros contra ellos’ frente a determinados grupos sociales. Surge agitación contra las personas LGBTI, migrantes o racializadas, las que no tienen trabajo, aquéllas con discapacidad y otros grupos sociales. Se normaliza la violencia en las fronteras, incluso contra niños y niñas. Al mismo tiempo, las instituciones del Estado de derecho son objeto de un ataque que abarca desde la independencia del poder judicial hasta el trabajo de la abogacía. No permitiremos que se desarrolle de nuevo una situación de este tipo en Alemania. Los partidos democráticos deben unirse para contrarrestar los intentos de división con la cohesión de la sociedad.” “Pedir asilo es un derecho humano. Los llamamientos a devolver a las personas que solicitan protección en las fronteras alemanas son claramente contrarios a la legislación europea. En muchos países de la UE, quienes solicitan asilo se enfrentan a la vida en la calle, empobrecimiento y detenciones arbitrarias. Por estas razones, los tribunales alemanes prohíben una y otra vez tales deportaciones y lo dejan claro: debe comprobarse caso por caso si una deportación es legal. Es algo que forma parte de nuestro Estado constitucional y no puede decidirse ad hoc en la frontera. Tampoco existe ninguna emergencia nacional que pueda justificar la omisión de estos principios.” “La capacidad de actuar se demuestra mediante políticas realistas, basadas en valores y conformes a la ley. En lugar de dejarse arrastrar hacia medidas cada vez más estrictas, el gobierno federal debe defender una Europa basada en el Estado de derecho y los derechos humanos, para todas las personas”.
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