Amnistía Internacional

El Gobierno debe contar con la opinión de la sociedad civil en su Plan de Implementación del Pacto (jue, 05 dic 2024)
(Madrid, 5 de diciembre de 2024). A principios de octubre 20 organizaciones sociales se reunieron con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para trasladarles sus propuestas para que el Pacto Europeo de Migración y Asilo se centre en las personas y los derechos humanos. En dicha reunión, tanto el presidente como la ministra mostraron su voluntad de involucrar a la sociedad civil en los Planes de Implementación del Pacto en España con el objetivo de considerar los análisis especializados, las propuestas y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, y pese al importante paso que supuso esta reunión, dos meses después aún no han recibido la propuesta por parte de los ministerios competentes. Tampoco han podido acceder al borrador del Plan de Implementación que debe presentarse por parte de España antes del 12 de diciembre. El Pacto no puede ser entendido como algo lejano y distante a la sociedad y, de hecho, su implementación tiene que ser coherente y estar completamente integrada con el desarrollo de políticas migratorias en nuestro Estado, según las organizaciones sociales. Esta nueva regulación llega para España en un momento de despliegue de acción política, a través de la aprobación de la última reforma al Reglamento de Extranjería, y la toma en consideración de la Propuesta de Ley para una regularización de personas migrantes. Además, ambos procesos han sido ampliamente participados desde la sociedad civil, y esta característica ha sido una de las condiciones asumidas por el presidente para el diseño del plan de implementación del Pacto en nuestro Estado. Las 20 entidades han recordado la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso y la relevancia de la transparencia en el mismo, en un contexto especialmente “inquietante” y cada vez más desfavorable para la garantía de derechos a nivel europeo, tras la propuesta de la Comisión Europea de valorar “soluciones innovadoras” como la creación de centros de internamiento en terceros países, siguiendo el modelo italiano. Para las entidades, esto supondría dar una vuelta de tuerca más a las amenazas que ya de por sí plantea el Pacto en materia de derechos humanos, debido a que “a todas luces pone el riesgo el principio de no devolución y en peligro de muerte el derecho de asilo en Europa”. "España ha dado un paso adelante en el rechazo de estas iniciativas y tiene una oportunidad histórica de tomar medidas adecuadas para garantizar la protección de las personas migrantes, especialmente en el caso de las niñas y los niños, desmarcándose de las fracasadas políticas migratorias de externalización y control de fronteras, que además de ser contrarias a los derechos humanos, provocan más muertes y sufrimiento en las rutas migratorias. También es necesario que la participación de la sociedad sea incorporada de manera efectiva en el proceso para que el respeto de los derechos humanos esté en el centro atendiendo a las necesidades e intereses de las personas migrantes que podrían participar de manera directa en el deseable proceso de consultas", declaran. Para que este compromiso se haga realidad, recuerdan que España debe mantener las garantías y los máximos estándares de protección previstos en el ordenamiento jurídico español, así como asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Con este objetivo, el Plan de Implementación del Pacto en España debe contemplar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad, además de garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, el análisis individualizado de las solicitudes, la adecuada atención sanitaria por equipos especializados, el derecho a intérprete y la tramitación de las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas. También es fundamental garantizar que se sigan manteniendo los estándares de protección para personas en situación de vulnerabilidad que propicia el sistema de Atención Humanitaria. En el caso de la infancia es esencial que, entre otras, se garantice la unidad familiar y se respeten las presunciones de minoría para todos los niños, niñas y adolescentes que accedan al territorio. Asimismo, señalan la importancia de crear un mecanismo independiente de supervisión de derechos humanos en la gestión fronteriza, tal como establece el Pacto, con la participación de la sociedad civil. Finalmente, destacan que es necesario contar con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, tal y como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. ORGANIZACIONES FIRMANTES Accem, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Alboan, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE Fundación Cepaim, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Irídia-centro para la defensa de derechos humanos, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI), Red Acoge, Salud por Derecho, Save the Children, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM, Stop Mare Mortum.
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Amnistía Internacional concluye que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza (Thu, 05 Dec 2024)
Tras llevar a cabo una investigación, Amnistía Internacional ha encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, ha manifestado la organización en un informe sin precedentes publicado hoy. El informe “Es como si fuéramos seres infrahumanos”: El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza  documenta cómo, durante la ofensiva militar que lanzó tras los mortales ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, Israel ha venido sumiendo a la población palestina de Gaza en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad. “El informe de Amnistía Internacional demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, ha explicado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física” Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional “Nuestras fulminantes conclusiones deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: lo que está ocurriendo es genocidio. Hay que ponerle fin ya”. “Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él”. Todos los Estados con influencia sobre Israel, en particular los que suministran armas, como Estados Unidos y Alemania, pero también otros Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros países, deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades de Israel contra la población palestina de Gaza.” Durante los últimos dos meses, la crisis se ha vuelto especialmente grave en la gobernación de Gaza del Norte, donde una población sitiada se enfrenta al hambre, el desplazamiento y la aniquilación en medio de bombardeos incesantes y restricciones sofocantes de la ayuda humanitaria vital. “Nuestra investigación revela que, durante meses, Israel ha seguido cometiendo actos genocidas, plenamente consciente del daño irreparable que estaba causado a la población palestina de Gaza. Lo ha hecho desafiando incontables advertencias sobre la catastrófica situación humanitaria y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, en las que se ordena a Israel tomar de inmediato medidas para posibilitar la prestación de asistencia humanitaria a la población civil gazatí”, ha añadido Agnès Callamard. “Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas y están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamás. Pero la intención genocida pude coexistir con los fines militares y no tiene por qué ser la única intención de Israel”. Amnistía Internacional examinó detenidamente y en su totalidad los actos de Israel en Gaza, teniendo en cuenta su recurrencia y su comisión simultánea, así como sus efectos inmediatos y sus consecuencias acumuladas, cada una de las cuales agrava la demás. La organización consideró también la magnitud y gravedad de esos actos atendiendo al número de víctimas y al grado de destrucción causados a lo largo del tiempo. Analizó, además, declaraciones públicas de autoridades y determinó que, con frecuencia, los primeros en anunciar los actos prohibidos o instigar a cometerlos eran los altos cargos responsables de la gestión de la guerra. “Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo”, ha afirmado Agnès Callamard. “Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, entre ellos homicidios masivos deliberados y toma de rehenes, no pueden justificar jamás el genocidio de Israel contra la población palestina gazatí”.   La jurisprudencia internacional reconoce que no es necesario que el perpetrador tenga éxito en sus intentos de destruir al grupo protegido, ya sea total o parcialmente, para determinar que se ha cometido genocidio. La comisión de actos prohibidos con la intención de destruir al grupo, como tal, es suficiente. Amnistía Internacional analiza detenidamente en su informe las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por Israel en Gaza en el periodo de más de nueve meses comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024. La organización entrevistó a 212 personas, entre ellas víctimas y testigos palestinos, autoridades locales gazatíes y personal sanitario; llevó a cabo trabajo de campo, y analizó una amplia variedad de datos visuales y digitales, incluidas imágenes de satélite. Analizó también declaraciones de altos cargos gubernamentales y militares y órganos oficiales israelíes. En múltiples ocasiones, Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades israelíes, pero en el momento de la publicación del informe no había recibido ninguna respuesta sustantiva. Escala y magnitud sin precedentes Las acciones emprendidas por Israel a raíz de los mortales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han puesto a la población gazatí al borde del colapso. En octubre de 2024, la brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 42.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000, en muchos casos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras formadas por varias generaciones. Ha causado una destrucción sin precedentes, que se produjo, según especialistas en la materia, a una escala y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables. Mohammed, quien huyó con su familia a Rafá desde la ciudad de Gaza en marzo de 2024 y se vio desplazado de nuevo en mayo de 2024, describió así sus esfuerzos por sobrevivir en condiciones terribles: “En Deir al Balah estamos como en un apocalipsis. No hay sitio para plantar una tienda, tienes que ponerla cerca del mar [...] Tienes que proteger a tu familia de los insectos, del calor, y no hay agua limpia ni aseos, y todo el rato sin que cese nunca el bombardeo. Es como si fuéramos seres infrahumanos”. Israel impuso en Gaza unas condiciones de existencia que generaron una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades y dejaron a la población palestina expuesta a sufrir una muerte lenta y calculada. También sometió a centenares de gazatíes a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos Considerados aisladamente, algunos de los actos investigados por Amnistía Internacional constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero al examinar más en general la campaña militar de Israel y los efectos acumulados de sus políticas y actos, la única conclusión razonable que cabe extraer es que hay intención genocida. “Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él. Todos los Estados con influencia sobre Israel, en particular los que suministran armas, como Estados Unidos y Alemania, pero también otros Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros países, deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades de Israel contra la población palestina de Gaza” Agnès Callamard Intención de destruir Para determinar la intención específica israelí de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, como tal, Amnistía Internacional analizó el patrón general de conducta de Israel en Gaza; examinó declaraciones deshumanizadoras y genocidas de autoridades israelíes del gobierno y militares, en particular las hechas por los más altos cargos, y consideró el contexto del sistema de apartheid de Israel, su bloqueo inhumano de Gaza y los 57 años de ocupación militar ilícita del territorio palestino. Antes de llegar a su conclusión, la organización examinó la afirmación de Israel de que, en toda Gaza, su ejército había atacado a Hamás y otros grupos armados de manera legítima y de que la destrucción sin precedentes y la negación de ayuda humanitaria consiguientes eran el resultado de conductas ilícitas de Hamás y otros grupos armados, como ubicar a combatientes entre la población civil o desviar la ayuda. Amnistía Internacional concluyó que esta afirmación no es creíble. La presencia de Hamás cerca o dentro de zonas densamente pobladas no exime a Israel de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para no dañar a civiles y de evitar los ataques indiscriminados o desproporcionados. Su investigación determinó que Israel había incumplido reiteradamente tal obligación y cometido numerosos crímenes de derecho internacional para los que no puede haber ninguna justificación basada en las acciones de Hamás. Asimismo, Amnistía Internacional no encontró elementos que demostraran que la desviación de la ayuda podía explicar las restricciones extremas y deliberadas impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria vital. En su análisis, la organización consideró también argumentos alternativos según los cuales Israel estaba actuando de manera irreflexiva o, simplemente, quería eliminar a Hamás y no le importaba si en el proceso tenía que destruir a la población palestina, lo que sería indicativo de un cruel desprecio por las vidas palestinas, más que de intención genocida. No obstante, con independencia de que Israel considere la destrucción de la población palestina como un medio para eliminar a Hamás o como un resultado indirecto de tal fin, esta forma de ver a las personas palestinas como seres desechables que no merecen tenerse en cuenta es en sí misma prueba de intención genocida. Muchos de los actos ilícitos documentados por Amnistía Internacional estuvieron precedidos de declaraciones de autoridades en las que se instaba a llevarlos a cabo. La organización examinó 102 declaraciones hechas por autoridades del gobierno, mandos militares y otras entidades israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, en las que deshumanizaba a la población palestina y se instaba a cometer actos genocidas u otros crímenes contra ella o se los justificaba. Entre ellas, Amnistía Internacional identificó 22 en las que altos cargos responsables de la gestión de la ofensiva parecían instar a cometer actos genocidas o los justificaban, lo que constituiría una prueba directa de la intención genocida. Este lenguaje solía encontrar eco, incluso entre los soldados sobre el terreno, como pusieron de manifiesto contenidos audiovisuales verificados por la organización que mostraban a soldados haciendo llamamientos a “borrar” Gaza o hacerla inhabitable y celebrando la destrucción de viviendas, mezquitas, escuelas y universidades palestinas. Matanza y lesión grave a la integridad física o mental Amnistía Internacional documentó los actos de genocidio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza y lesión grave a su integridad física o mental, examinando los resultados de investigaciones que había llevado a cabo sobre 15 ataques aéreos efectuados entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024 y que mataron al menos a 334 civiles, entre ellos 141 niños y niñas, e hirieron a centenares más. La organización no encontró elementos que indicaran que alguno de estos ataques estuviera dirigido contra un objetivo militar. En un caso ilustrativo del 20 de abril de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó la casa de la familia palestina Abdelal en el barrio de Al Jneinah del este de Rafá y mató a miembros de ella de tres generaciones, incluidos 16 niños y niñas, mientras dormían. Aunque estos ataques representan solo una fracción del número total de bombardeos israelíes, son indicativos de un patrón más general de ataques reiterados contra civiles y bienes de carácter civil o deliberadamente indiscriminados. Los ataques se llevaron a cabo también de maneras que tenían por objeto causar un número muy alto de víctimas mortales y lesiones entre la población civil. Sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear destrucción física El informe documenta cómo Israel sometió deliberadamente a la población palestina de Gaza a condiciones de existencia que tenían por objeto causar con el tiempo su destrucción. Estas condiciones se impusieron por medio de tres patrones de actuación simultáneos, cada uno de los cuales agravó reiteradamente los devastadores efectos de los demás. Consistían en: causar daños y destrucción en infraestructuras vitales y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; dictar reiteradamente órdenes de “evacuación” de aplicación general, arbitrarias y equívocas para someter a desplazamiento forzado a casi toda la población gazatí, y no autorizar y obstaculizar la entrada y la distribución de servicios esenciales, asistencia humanitaria y otros suministros vitales en Gaza. Después del 7 de octubre de 2023, Israel impuso un asedio total a Gaza y cortó el suministro de electricidad, agua y combustible. En el período de nueves meses examinado en este informe, Israel mantuvo un bloqueo ilícito sofocante, ejerció un control estricto del acceso a fuentes de energía, no facilitó un acceso humanitario significativo dentro de Gaza y obstaculizó la importación y la distribución de productos esenciales y ayuda humanitaria, especialmente en las zonas situadas al norte de Wadi Gaza. Debido a ello se agravó la crisis humanitaria ya existente. Estas medidas, sumadas a los extensos daños causados a viviendas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento y terrenos agrícolas gazatíes, así como al desplazamiento forzado masivo, hicieron que el hambre llegara a extremos catastróficos y que las enfermedades se propagaran a un ritmo alarmante. Los efectos se hicieron sentir especialmente entre los niños y niñas de corta edad y las mujeres embarazadas y lactantes, con consecuencias previsibles para su salud a largo plazo. Una y otra vez, Israel tuvo la oportunidad de mejorar la situación humanitaria en Gaza; sin embargo, lleva más de un año negándose a tomar para ello medidas que están claramente a su alcance, como abrir suficientes puntos de acceso a Gaza o eliminar las estrictas restricciones impuestas a lo que puede entrar en el territorio o los obstáculos a la distribución de la ayuda en él, y mientras tanto la situación se ha ido agravando cada vez más. Por medio de sus reiteradas órdenes de “evacuación”, Israel obligó a casi 1,9 millones de personas –el 90% de población gazatí– a desplazarse en condiciones inhumanas a reductos inseguros y cada vez más pequeños, en algunos casos hasta 10 veces. Estas múltiples oleadas de desplazamiento forzado dejaron a gran número de gazatíes sin trabajo y con profundos traumas, especialmente porque un 70% de las personas que viven en Gaza son refugiadas o descendientes de familias refugiadas cuyas ciudades y pueblos fueron sometidos por Israel a una limpieza étnica durante la Nakba de 1948. A pesar de la rapidez con que las condiciones iban dejando de ser aptas para la vida humana, las autoridades israelíes se negaron a adoptar medidas que habrían protegido a la población civil desplazada y garantizado la satisfacción de sus necesidades básicas, poniendo así de manifiesto que sus acciones eran deliberadas. Se negaron a permitir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares en el norte de Gaza o a reubicarlas temporalmente en otras partes del Territorio Palestino Ocupado o en Israel, negando continuamente a muchas de ellas su derecho a regresar, con arreglo al derecho internacional, a las zonas de las que fueron desplazadas en 1948. Lo hicieron a sabiendas de que para la población palestina de Gaza no había ningún lugar seguro al que huir. “Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo” Àgnes Callamard Rendición de cuentas por genocidio “La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”, ha manifestado Agnès Callamard. “Los gobiernos deben dejar de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible cometer gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional. Los Estados deben dejar de limitarse a expresar su pesar o consternación y pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas, por mucho que la conclusión de que se ha cometido genocidio pueda incomodar a algunos de los aliados de Israel”. “Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas. Los Estados deben demostrar su respeto por la decisión de la Corte Penal Internacional y por los principios universales del derecho internacional deteniendo y entregando a las personas requeridas por la Corte”. “Pedimos a la Fiscalía de la Corte que se plantee con urgencia añadir el genocidio a la lista de crímenes que está investigando e instamos a todos los Estados a utilizar todas las vías legales posibles para llevar a los perpetradores ante la justicia. No se debe permitir a nadie cometer genocidio y quedar impune”. Amnistía Internacional pide también que se libere sin condiciones a todas las personas civiles tomadas como rehenes y se haga rendir cuentas a Hamás y los demás grupos armados palestinos responsables de los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023. La organización insta, además, al Consejo de Seguridad de la ONU a que imponga sanciones selectivas a las autoridades israelíes y de Hamás especialmente implicadas en crímenes de derecho internacional. Información complementaria El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados dispararon indiscriminadamente cohetes contra el sur de Israel y llevaron a cabo allí homicidios masivos deliberados y toma de rehenes: mataron a 1.200 personas, de las que más de 800 eran civiles, secuestraron a 223 civiles y capturaron a 27 soldados. Los crímenes perpetrados por Hamás y otros grupos armados durante ese ataque se tratarán en un próximo informe de Amnistía Internacional. Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha realizado investigaciones a fondo sobre las múltiples violaciones del derecho internacional y crímenes previstos en él que las fuerzas israelíes han cometido, entre los que figuran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques deliberadamente indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. La organización ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere su investigación sobre la situación en Palestina, y hace campaña por un alto el fuego inmediato. Para consultar el informe completo  en inglés y el resumen ejecutivo en español.  
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Bélgica, declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por actos cometidos durante la colonización (Tue, 03 Dec 2024)
Bélgica ha sido declarada culpable de crímenes de lesa humanidad por actos cometidos durante la colonización, en un fallo histórico que debe señalar un punto de inflexión para los Estados europeos, han afirmado African Futures Lab y Amnistía Internacional. El Tribunal de Apelación de Bruselas ha reconocido hoy la responsabilidad del Estado belga en el secuestro y la segregación racial sistemática de niños y niñas métis durante el régimen colonial belga, después de que cinco mujeres métis nacidas entre 1948 y 1952 en el Congo belga iniciaran actuaciones judiciales contra el Estado belga. Después de que un tribunal de Bruselas fallara en contra de sus demandas en 2021, estas mujeres siguieron tratando de obtener reparación y apelaron contra el fallo, lo que ha dado lugar a la histórica sentencia que se ha hecho pública hoy. Como miles de niños y niñas métis nacidos de padres europeos y madres africanas, Marie-Josée Loshi, Noëlle Verbeken, Léa Tavares Mujinga, Simone Ngalula y Monique Bintu Bingi fueron apartadas de sus madres congoleñas, internadas a la fuerza en instituciones religiosas, privadas de sus raíces y su identidad y después abandonadas a su suerte cuando el Congo accedió a la independencia. Aún en nuestros días, las heridas de esa época siguen siendo profundas. Los niños y niñas métis de la colonización siguen sufriendo las consecuencias de estas prácticas devastadoras, a pesar de las disculpas oficiales ofrecidas en 2018 por el entonces primer ministro belga, Charles Michel, y de la aprobación por el Parlamento Federal de la “Resolución Métis” en 2019. En la vista del recurso presentado, Léa Tavares Mujinga afirmó: “El Estado belga nos desarraigó, nos aisló de nuestro pueblo. Nos robó nuestra infancia, nuestra vida, nuestros nombres, nuestro apellidos, nuestra identidad y nuestros derechos humanos”. Esta sentencia representa un reconocimiento muy esperado y respalda las demandas adicionales de reparaciones de personas métis víctimas de la colonización belga. African Futures Lab y Amnistía Internacional acogen con satisfacción esta valiente decisión, que allana el camino para el reconocimiento pleno de las atrocidades cometidas durante la colonización y sus persistentes efectos nocivos en las vidas de las personas supervivientes y sus descendientes. “Esta histórica sentencia pone de relieve, más allá de las disculpas, la importancia del derecho a reparaciones tal como lo definió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. Aunque la Resolución Métis se limitaba a reparaciones ‘por medios morales y administrativos’, estas cinco mujeres métis han logrado las reparaciones que consideraban necesarias y adecuadas por los daños que sufrieron durante la colonización”, ha explicado Geneviève Kaninda, de African Futures Lab. “Las reparaciones son, desde hace mucho tiempo, una reivindicación de personas y comunidades como las mujeres métis que llevaron al Estado belga ante los tribunales. La sentencia de hoy es un paso positivo para la reparación de estas injusticias históricas. Esperamos que sea la señal de la esperanza para quienes intentan que se rinda cuentas por los efectos duraderos del colonialismo europeo en los derechos humanos”, ha afirmado Rym Khadhraoui, investigadora de Amnistía Internacional sobre justicia racial.
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Corea del Sur: La ley marcial no debe utilizarse para restringir los derechos humanos (Tue, 03 Dec 2024)
En respuesta a la declaración de la ley marcial de emergencia por Yoon Suk Yeol, presidente de Corea del Sur, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado: “El estado de emergencia declarado esta noche en Corea del Sur no debe utilizarse para justificar una represión de los derechos humanos de la población. “El presidente Yoon debe explicar en detalle las razones para declarar la ley marcial, y garantizar que cualquier medida que restrinja los derechos humanos es excepcional, temporal y limitada estrictamente a las exigencias de la situación, todo ello sometido a revisión judicial.” “Si la declaración de la ley marcial supone transferir los poderes administrativo y judicial al ejército, podría echar por tierra décadas de avances conseguidos con esfuerzo, y tener efectos devastadores sobre los derechos humanos. Sin justificación suficiente, sería una clara violación del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.” “Incluso aunque se declare una situación de emergencia pública, el Estado de derecho debe seguir prevaleciendo. La ley marcial no puede ni debe utilizarse como instrumento para suprimir la disidencia o limitar libertades fundamentales. Las acciones del presidente Yoon deben cumplir las normas internacionales, dada la grave amenaza para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.” Información complementaria El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol declaró el martes la ley marcial en una inesperada comparecencia televisiva en directo a última hora de la noche. Afirmó que la medida iba dirigida a la erradicación de “las vergonzosas fuerzas antiestatales pronorcoreanas”. Según informes de prensa, fuentes militares afirmaron que se prohibirían las actividades del Parlamento y los partidos políticos, y que los medios de comunicación y las publicaciones quedarían bajo el control del Mando de la Ley Marcial. Todas las reuniones y manifestaciones también han sido prohibidas. Según la legislación surcoreana, la ley marcial sólo puede declararse en situaciones de amenaza extraordinaria para la supervivencia de la nación, como una guerra o una rebelión armada. No está claro que las razones alegadas por el presidente Yoon —responder a presuntas actividades subversivas y procedimientos de destitución (`impeachment´)— cumplan los estrictos límites legales y constitucionales que establece el artículo 2 del Decreto sobre la Ley Marcial y el artículo 77 de la Constitución surcoreana. El derecho internacional de los derechos humanos dispone que este tipo de medidas deben ser excepcionales, estrictamente necesarias, proporcionadas y temporales. La ley marcial sólo debe ser declarada debido a un estado de emergencia que amenace la vida de la nación, y debe ajustarse a las garantías internacionales que protegen los derechos humanos. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos sólo permiten un margen limitado para establecer restricciones adicionales del ejercicio de los derechos humanos en virtud de la ley marcial más allá de lo permitido en situaciones de normalidad.  
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Colombia: El tempestuoso camino de las buscadoras de víctimas de desaparición forzada (Tue, 03 Dec 2024)
Amnistía Internacional presenta en el Teatro Colón de Bogotá el informe “Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia”, que documenta la realidad que viven las mujeres que dedican su vida a buscar a las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y la importancia de que la sociedad las reconozca y las autoridades garanticen sus derechos, ante los graves obstáculos que enfrentan al exigir verdad y justicia. Este informe se realiza en el marco de la campaña #BuscarSinMiedo de Amnistía Internacional, lanzada el pasado 30 de agosto (día internacional de las víctimas de desaparición forzada) en todas las Américas, para pedir el reconocimiento y la protección de las mujeres buscadoras en todo el continente.   Según el informe, la dimensión alcanzada por las desapariciones forzadas en Colombia es aterradora. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha individualizado a 111.640 personas que fueron desaparecidas a marzo de 2024. Mientras tanto, la Comisión de la Verdad sostuvo en su Informe Final que entre 1985 y 2016 aproximadamente 210.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada, si se tiene en cuenta el subregistro, usual en un fenómeno que está basado en el subterfugio y el ocultamiento. De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, “las mujeres han tenido un rol protagónico en la búsqueda y en la conformación y liderazgo de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia” y agrega que “madres, esposas, hermanas e hijas fueron quienes tuvieron que sufrir los peores impactos de este crimen. Fueron ellas quienes tomaron la vocería para denunciar y visibilizar, lideraron ejercicios de exigibilidad de derechos a la verdad y la justicia y sufrieron la agudización de los impactos en su lucha contra la impunidad”. Riesgos, amenazas y ataques que enfrentan las mujeres buscadoras El informe recoge la experiencia de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB), organización que nació de la lucha por la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista el 30 de agosto de 1987, a manos del Ejército de Colombia. El informe cuenta las experiencias vividas por Yanette Bautista, hermana de Nydia Erika y directora y fundadora de FNEB, y de Andrea Bautista, sobrina de Nydia Erika, directora adjunta y encargada del área jurídica de FNEB. Sus vivencias son reflejo de lo que viven miles de mujeres buscadoras en Colombia. Las buscadoras en Colombia sufren de estigmatización en el discurso público, viven afectaciones a su dignidad humana, son discriminadas y afectadas en su buen nombre en respuesta a las denuncias que han hecho. Sufren violencia física, que en el caso de las mujeres buscadoras, tiene un carácter especial y causa un daño diferenciado, pues está atravesada por la violencia basada en género, por su vulnerabilidad a la violencia sexual y por un continuo de violencias contra la mujer que se expresa durante todo el ejercicio de búsqueda de los seres queridos desaparecidos forzadamente. Las mujeres buscadoras en Colombia también sufren constantemente amenazas, e incluso algunas han tenido que huir del país y vivir en el exilio. Al buscar la verdad y la justicia tras una desaparición forzada, las amenazas, los actos de hostigamiento e intimidación son comunes y sistemáticos. También es habitual el robo de información y la invasión de espacios privados, que menoscaban la capacidad de las buscadoras para hacer su trabajo y, más que todo, para mantener la memoria de años de búsqueda. Yanette Bautista lo describió así: “nos robaron el pasado y también nos están robando el futuro”. Sin embargo, las mujeres buscadoras en Colombia viven afectaciones que van más allá de la violencia; se enfrentan de manera especial al empobrecimiento. Según el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, este es un factor de vulnerabilidad frente a la desaparición forzada, y una vez ocurre una desaparición, suele haber una fuerte afectación a los derechos económicos, sociales y culturales de familiares, seres queridos y comunidades a las que pertenece la persona desaparecida. Finalmente, uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres buscadoras es la impunidad, no sólo la falta de justicia ante la enorme mayoría de las desapariciones forzadas que han ocurrido en Colombia, sino también frente a las violencias que viven quienes buscan a sus familiares y seres queridos, y que ni siquiera son investigadas adecuadamente.   Ley de buscadoras: una esperanza para las víctimas Ante este desalentador panorama, el informe de Amnistía Internacional subraya la importancia de que el Congreso de Colombia haya aprobado en junio pasado la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en el país. Esta ley es una esperanza para que la búsqueda de víctimas de desaparición forzada se haga en condiciones seguras y dignas. Amnistía Internacional presentó en el informe una metodología de seguimiento a la implementación de dicha ley, que monitoreará 22 compromisos, distribuidos en cuatro ejes: 1) el reconocimiento de las mujeres buscadoras y su labor y prevención de la estigmatización, 2) la protección de las mujeres buscadoras frente a ataques y amenazas, 3) la garantía de los derechos a la educación, la vivienda y la salud de las mujeres buscadoras y sus familias; y 4) las medidas contra la impunidad y por la verdad. Amnistía Internacional considera que, “si la Ley 2364 de 2024 es implementada correctamente, tiene el potencial de contribuir a saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las mujeres buscadoras y proteger sus derechos”. Además, Colombia se convertiría en un referente para las Américas, una región donde abundan ejemplos de desaparición forzada y de mujeres buscadoras luchando contra corriente hasta encontrar la verdad y la justicia. Para organizaciones como Amnistía Internacional y la Fundación Nydia Erika Bautista, el Estado colombiano tiene mucho trabajo por hacer para cumplir las promesas que les ha hecho a las víctimas de desaparición forzada; incluyendo a las mujeres buscadoras. Implementar esta ley es una buena oportunidad para avanzar. El lanzamiento del informe Transformar los dolores en derechos: Riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia se realizó en el histórico Teatro Colón de Bogotá. El evento se acompañó de la exposición fotográfica La búsqueda tiene rostro de mujer y de la obra de teatro La vida de las ausencias, interpretada por mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. 
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