Amnistía Internacional

Irán: Fuerzas de seguridad usan impunemente la violación y otra violencia sexual para aplastar la sublevación “Mujer Vida Libertad” (mié, 06 dic 2023)
Las fuerzas de seguridad iraníes han usado la violación y otras formas de violencia sexual —equivalentes a tortura y otros malos tratos— para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante la sublevación bajo el lema “Mujer Vida Libertad” en 2022; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe que ha publicado hoy.El informe “They violently raped me”: Sexual violence weaponized to crush Iran’s “Woman Life Freedom” uprising, de 120 páginas, documenta de forma pormenorizada la atroz experiencia de 45 sobrevivientes (26 hombres, 12 mujeres y 7 menores) que sufrieron violación, violación en grupo u otras formas de violencia sexual a manos de agentes de inteligencia y de seguridad tras su arresto arbitrario por oponerse a décadas de opresión y arraigada discriminación de género. Hasta la fecha, las autoridades iraníes no han acusado ni procesado a ningún agente por los casos de violación y otra violencia sexual documentados en el informe.“Nuestra investigación pone al descubierto el uso de la violación y otra violencia sexual por parte de agentes de inteligencia y de seguridad de Irán para torturar, castigar e infligir daños físicos y psicológicos duraderos a las personas que se manifestaban, entre las que había menores hasta de 12 años. Los espeluznantes testimonios que recabamos apuntan a un patrón general de violencia sexual utilizada por las autoridades iraníes como principal arma de represión de las protestas y la disidencia para aferrarse a toda costa al poder”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Fiscales y jueces de Irán no sólo fueron cómplices al ignorar u ocultar las denuncias de violación de personas sobrevivientes, sino que además utilizaron 'confesiones' presuntamente obtenidas mediante tortura para presentar cargos falsos contra sobrevivientes e imponerles condenas de muerte o prisión. Las víctimas, privadas de un recurso efectivo y de resarcimiento, se enfrentan a la impunidad institucionalizada, el silenciamiento y múltiples cicatrices físicas y psicológicas que son profundas y duraderas.”El informe revela que entre los autores de violación y otras formas de violencia sexual había agentes de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar Basij y el Ministerio de Inteligencia, así como de varias secciones de la policía iraní, como la Policía de Seguridad Pública (polis-e amniyat-e omumi), la Unidad de Investigación (agahi) y las Fuerzas Especiales (yegan-e vijeh). Algunas personas sobrevivientes eran mujeres y niñas que se habían quitado el hiyab en un gesto desafiante, así como niños y hombres que habían salido a la calle para expresar su indignación ante décadas de opresión y discriminación de género.Es difícil calcular la incidencia de la violencia sexual durante la sublevación bajo el lema “Mujer Vida Libertad”, ya que se denunciaron menos casos de los reales debido al estigma y el miedo a represalias. Sin embargo, la documentación exhaustiva de 45 casos por la organización de derechos humanos en más de la mitad de las provincias de Irán indica, junto con los relatos de sobrevivientes y otras personas detenidas sobre más casos de violación y otra violencia sexual contra decenas de manifestantes bajo custodia, que las violaciones documentadas forman parte de un patrón general.Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones a las autoridades iraníes el 24 de noviembre pero no ha recibido respuesta hasta la fecha.“¿No es lo que queréis de la liberación?”De las 45 personas sobrevivientes cuyos casos se documentan en el informe, 16 fueron violadas: seis mujeres, siete hombres, una niña de 14 años y dos adolescentes varones de 16 y 17 años. Seis de ellas —cuatro mujeres y dos hombres— sufrieron violación en grupo a manos de hasta 10 agentes varones.Agentes del Estado violaron a mujeres y niñas vaginal, anal y oralmente, y a hombres y niños analmente. Los agentes llevaron a cabo las violaciones con sus órganos sexuales y sus dedos o con porras metálicas y de madera, botellas de cristal y mangueras. Las violaciones se cometieron en centros de detención y furgones policiales, así como en escuelas y edificios residenciales reutilizados ilegalmente como lugares de detención.Farzad, a quien violaron en grupo en un furgón de las fuerzas especiales de la policía, contó a Amnistía Internacional: “Agentes vestidos de civil nos pusieron de cara a las paredes del vehículo y nos aplicaron descargas eléctricas en las piernas [...] Me torturaron a golpes [...] que me causaron rotura de nariz y de dientes. Me bajaron los pantalones y me violaron [...] Me estaban destrozando, vomitaba mucho y sangraba del recto.”Maryam, violada en grupo en un centro de detención de la Guardia Revolucionaria, contó lo que le habían dicho sus violadores: “Todas sois adictas al pene, así que te hemos hecho pasar un buen rato. ¿No es eso lo que queréis de la liberación?”Amnistía Internacional documentó también los casos de 29 personas que habían sobrevivido a otras formas de violencia sexual distintas de la violación. En estos casos, los agentes del Estado habitualmente agarraban, manoseaban y daban puñetazos y patadas en el pecho, los genitales y las nalgas a las víctimas; las obligaban a estar desnudas, a veces delante de cámaras de vídeo; les aplicaban descargas eléctricas; y les clavaban agujas o aplicaban hielo en los testículos (a hombres) y les cortaban el pelo o arrastraban violentamente por el cabello (a mujeres); además, los agentes amenazaban a las personas sobrevivientes de violación o a sus familiares.La violación y otra violencia sexual fueron acompañadas con frecuencia de tortura y otros malos tratos, como palizas, azotes, descargas eléctricas, administración por vía oral o inyección de medicamentos no identificados, privación de comida y agua, y condiciones de reclusión crueles e inhumanas. Además, las fuerzas de seguridad negaban asistencia médica sistemáticamente a las personas sobrevivientes, incluso cuando había lesiones derivadas de la violación.Sin una vía nacional para obtener justiciaLa inmensa mayoría de las personas sobrevivientes contaron a Amnistía Internacional que no habían presentado denuncia tras su liberación por miedo a sufrir más daño y porque estaban convencidas de que el poder judicial era un instrumento de represión y no de reparación.Al comparecer ante las autoridades fiscales para ser interrogadas cuando aún estaban bajo custodia, seis personas sobrevivientes mostraron las cicatrices de las torturas sufridas o se quejaron de abusos pero fueron ignoradas.Tres personas sobrevivientes presentaron denuncia formal tras su liberación, pero dos tuvieron que retirarla cuando las fuerzas de seguridad amenazaron con secuestrar o matar a sus familiares y la tercera fue ignorada durante meses, además de que un alto funcionario le dijo que había “confundido” un registro corporal con violencia sexual.Amnistía Internacional examinó también un documento oficial filtrado —con fecha de 13 de octubre de 2022 y publicado por un medio de comunicación fuera de Irán en febrero de 2023— que revela que las autoridades ocultaron las denuncias de violación de dos mujeres jóvenes contra dos agentes de la Guardia Revolucionaria durante las protestas. En el documento, el fiscal adjunto de Teherán aconsejaba clasificar el caso como “completamente confidencial” y “cerrar[lo] con el tiempo”.Afectadas por el trauma pero anhelando que se haga justiciaPersonas sobrevivientes —hombres, mujeres, niños y niñas— contaron a Amnistía Internacional que seguían lidiando con los traumas físicos y psicológicos de la violación y otras formas de violencia sexual.La madre de un escolar que había sido violado contó a Amnistía Internacional que su hijo había intentado suicidarse dos veces estando bajo custodia.Una manifestante llamada Sahar relató los traumáticos efectos de la violencia sexual sufrida a manos de unos agentes de seguridad que le habían quitado la ropa —excepto la interior— y tocado los pechos y genitales mientras se burlaban de ella y amenazaban con violarla:“Yo era una persona luchadora. Incluso cuando la República Islámica intentó que me desmoronara, yo seguí adelante. Pero últimamente pienso mucho en el suicidio [...] Me paso el día esperando a que llegue la noche para poder dormir.”Zahra, violada por un agente de las Fuerzas Especiales de la policía, describió las secuelas psicológicas duraderas que padecía:“Creo que nunca volveré a ser la misma persona de antes. No hay nada que consiga llevarme a mi estado anterior, devolverme el alma [...] Espero que mi testimonio permita hacer justicia y no sólo en mi caso.”“Sin voluntad política y sin reformas jurídicas y constitucionales fundamentales, las barreras estructurales seguirán asolando el sistema de justicia iraní, que una y otra vez pone de manifiesto su lamentable incapacidad y falta de voluntad para investigar eficazmente los crímenes de derecho internacional”, ha afirmado Agnès Callamard.“Sin perspectivas de justicia en el ámbito nacional, la comunidad internacional tiene la obligación de ponerse de parte de las personas sobrevivientes y procurar que obtengan justicia. Deberían apoyar la ampliación del mandato de la misión de investigación de la ONU sobre Irán para garantizar que un mecanismo independiente sigue recopilando, preservando y analizando pruebas de los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Pedimos a los Estados que abran investigaciones criminales en sus países contra los presuntos perpetradores en virtud del principio de jurisdicción universal, con miras a dictar órdenes internacionales de detención.”
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El Salvador: Políticas, prácticas y legislación arbitraria y abusiva transgreden los derechos humanos y amenazan el espacio cívico (Tue, 05 Dec 2023)
El Salvador está experimentando una alarmante regresión en el respeto y la protección de los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador.   “El deterioro en la garantía de los derechos humanos que hemos documentado en El Salvador durante los últimos años es sumamente preocupante. La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.   Basado en tres misiones de investigación y 83 entrevistas, el informe documenta la instalación de un contexto marcado por la profundización de un enfoque punitivo y represivo en materia de seguridad pública; la adopción de un marco legal que pone en riesgo el debido proceso; el uso sistemático de la tortura y otros malos tratos contra personas privadas de libertad en centros penales; y el despliegue de una serie de acciones gubernamentales que restringen el espacio cívico. Bajo el derecho internacional de derechos humanos, la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos y del principio de legalidad nunca pueden ser suspendidos, incluso en una situación excepcional.   La organización también verificó la prevalencia de factores que incrementan la situación de indefensión de las personas, como el debilitamiento de la independencia del poder judicial; el uso indebido del proceso penal; el ocultamiento de información pública y la ineficiencia de los mecanismos de rendición de cuentas e investigación frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.   La otra cara del régimen de excepciónEn el marco de la aplicación de una medida de naturaleza extraordinaria y temporal, Amnistía Internacional ha verificado cómo las autoridades salvadoreñas, durante 21 meses consecutivos, han restringido y vulnerado derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y la prohibición de la tortura. Las medidas del régimen de excepción han dado pie a la ejecución de patrones recurrentes de violaciones durante los ciclos de detención, procesamiento y encarcelamiento, cuyas principales manifestaciones han sido las detenciones arbitrarias masivas; las desapariciones forzadas, el cometimiento de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas en centros de detención; y las muertes de personas bajo la custodia del Estado – algunas resultantes de tortura u otros malos tratos. “Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza”Ana Piquer, Amnistía Internacional En este contexto, Amnistía Internacional ha identificado tres características alarmantes: 1) la masividad con la que se están produciendo las violaciones de derechos humanos; 2) el alto grado de coordinación estatal en el diseño e implementación de esta medida; y 3) una respuesta estatal que tiende a ocultar y minimizar estos hechos, negándose a reconocer e investigar diligentemente los abusos. Por otro lado, los casos documentados dan cuenta de personas detenidas arbitrariamente, proyectos de vida truncados por acusaciones falsas, la promoción de un clima de venganza y desconfianza entre las personas de una misma comunidad, y un sector de la población – la más vulnerable – que vive bajo temor de ser víctima de las arbitrariedades y abusos infligidas por las autoridades. De acuerdo al análisis de las bases de datos de organizaciones de sociedad civil a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso, las víctimas de detenciones arbitrarias comparten tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas. A la luz de estos hechos, la organización alerta sobre una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal, cuyas principales víctimas siguen siendo individuos de comunidades en condición de pobreza e históricamente acechadas por la criminalidad.  “Estos casos no son aislados, sino parte de un patrón de abuso sistemático y extendido que afecta principalmente a comunidades marginadas y empobrecidas. Lo que estamos presenciando en El Salvador es una repetición trágica de la historia, donde la violencia del Estado está reemplazando gradualmente la violencia de las pandillas, dejando a las mismas comunidades vulnerables atrapadas en un ciclo interminable de abusos y desesperanza,” dijo Ana Piquer.  El informe hace hincapié sobre el peligro que representa las reformas legales de carácter permanente que se han aprobado bajo el pretexto de facilitar la implementación del régimen de excepción, las cuales permiten y otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso.    Los principales cambios introducidos incluyen: el ocultamiento de la identidad de los jueces; la aplicación automática de la detención preventiva a delitos ligados a maras o pandillas, sin análisis individual sobre la necesidad de esta medida para – por ejemplo, evitar la comisión de un delito grave o el riesgo de fuga –; y la eliminación de límites de tiempo de la prisión preventiva para delitos asociados a grupos terroristas o ilegales. Esto último habilita su uso por un tiempo indefinido y atenta contra el derecho a ser juzgados o liberados en un plazo razonable. Según declaraciones públicas de funcionarios estatales, más de 7,000 personas detenidas bajo sospecha de pertenecer a estructuras pandilleriles y procesadas bajo estas reformas, han sido “liberadas” mediante medidas alternativas a la detención provisional. Muchas de ellas permanecieron encarceladas por más de un año, y han sido reconocidas públicamente como parte de un margen de error. En este sentido, Amnistía Internacional advierte que, aunque la Asamblea Legislativa decida no prolongar el régimen de excepción, el riesgo de la profundización de la crisis de derechos humanos y la situación de indefensión de las personas persistirá si no se revierten las reformas que socavan las garantías al debido proceso. Finalmente, a partir de análisis de las declaraciones públicas que han brindado las más altas autoridades estatales, informes de sociedad civil, así como de los testimonios y la documentación recabada, el reporte concluye que, respecto a la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones de los centros de detención, el Estado salvadoreño ha adoptado una política de tortura sistemática hacia todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción con la sospecha de ser miembros de pandillas. Entre las consecuencias más graves de la aplicación de esta política destacan las muertes bajo custodia del Estado, algunas con evidentes signos de violencia, y muchas otras como resultado de las condiciones inhumanas de reclusión o la negación de atención en salud y la privación de medicamentos. Hasta octubre de 2023, movimientos de víctimas y organizaciones de derechos humanos locales registraban más de 73,800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas, aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad – lo que coloca a El Salvador como el país con la mayor tasa de encarcelamiento a nivel mundial – una situación de hacinamiento carcelario del 236% aproximadamente, y más de 190 muertes bajo custodia del estatal.   El espacio cívico bajo ataque La organización también verificó un aumento de acciones estatales que atentan contra la libertad de expresión y asociación y obstáculos al ejercicio del derecho de reunión pacífica, la participación en asuntos públicos y el acceso a la información pública.    Entre las principales tácticas que las autoridades han utilizado para estos fines están: 1) un discurso mediático gubernamental, orientado a la estigmatización de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y la transparencia; 2) el acoso al oficio del periodismo y a cualquier forma de disidencia o crítica; 3) el ocultamiento y manipulación de información pública; 4) el uso de tipologías penales vagas que podrían poner en riesgo a personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas; 5) la exhortación, por parte de instituciones estatales, de razones de orden público o de seguridad nacional, para violar o impedir el ejercicio de derechos humanos; y 6) la instrumentalización de las facultades de algunos ministerios, y la aplicación de controles excesivos hacia medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.   Los principales blancos de estas tácticas han sido personas defensoras de derechos humanos, los medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han mostrado independencia y apego a los principios de legalidad y respeto al Estado de Derecho. Los incidentes más alarmantes en un contexto de suspensión de derechos han involucrado el uso del régimen de excepción para criminalizar voces críticas, hasta la fecha aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio, los recursos naturales, los derechos laborales y con el fortalecimiento de la cohesión social a nivel comunitario.   Todos estos elementos han generado un entorno que favorece un incremento de la desinformación y de un discurso institucional que promueve la discriminación, la hostilidad y la violencia como respuestas a la mera crítica y a la disidencia. Además, está aumentando la adopción de patrones de autocensura y autoexilio de quienes, al ser víctimas de violaciones a sus derechos, no encuentran en las instituciones estatales una respuesta para garantizar su protección.   Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta al Estado salvadoreño a poner fin a las políticas de seguridad represivas. Esto incluye cesar las violaciones de derechos humanos resultantes de la aplicación del régimen de excepción y derogar las reformas legales que vulneran el debido proceso y anulan garantías judiciales. La organización recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, cualquier medida tomada en situaciones excepcionales que amenacen la independencia o seguridad del Estado debe estar estrictamente limitada a las necesidades de la situación y respetar el principio de no discriminación. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la libertad y seguridad personal son inalienables y nunca pueden ser suspendidos.   También se recomienda garantizar un retiro ordenado de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil. Amnistía Internacional recuerda al Estado la necesidad de garantizar que las instituciones judiciales operen con plena independencia y autonomía, asegurar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y cesar cualquier forma de restricción, estigmatización o criminalización de voces críticas y disidentes.   Además, la organización llama a la comunidad internacional a mantener una posición firme y sostenida respecto a los retrocesos que en materia de derechos humanos se están registrando en El Salvador, instando a las autoridades a acatar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros mecanismos especiales de Naciones Unidas.
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Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Municiones fabricadas en Estados Unidos mataron a 43 civiles en 2 bombardeos aéreos israelíes en Gaza documentados. Nueva investigación (Tue, 05 Dec 2023)
El ejército israelí usó municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) fabricadas en Estados Unidos en dos mortíferos bombardeos aéreos ilegítimos de viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada, ha concluido Amnistía Internacional basándose en una nueva investigación sobre estos bombardeos. La organización halló que estos bombardeos aéreos fueron ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados y pide que sean investigados como crímenes de guerra.La organización encontró fragmentos característicos de la munición en los restos de las viviendas destruidas en el centro de Gaza después de dos bombardeos que causaron la muerte de un total de 43 civiles: 19 niños y niñas, 14 mujeres y 10 hombres. En los dos casos, las personas sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que no había habido ningún aviso de un bombardeo inminente.El 10 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Al Najjar en Deir al Balah mató a 24 personas. El 22 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Abu Mueileq en la misma ciudad mató a 19 personas. Ambas viviendas estaban al sur de Wadi Gaza, dentro de la zona a la que, el 13 de octubre, el ejército israelí había ordenado trasladarse a la población que vivía en el norte de Gaza.“El hecho de que el ejército israelí esté usando munición fabricada en Estados Unidos en ataques ilegítimos con consecuencias mortales para la población civil debería ser una llamada de atención urgente para la administración Biden. Las armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron el homicidio masivo de familias extensas”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Estos bombardeos han diezmado a dos familias, lo que demuestra, una vez más, que el ejército israelí es responsable de matar y herir ilegítimamente a civiles en su bombardeo de Gaza.”“Ante el número sin precedentes de víctimas mortales civiles y la magnitud de la destrucción en Gaza, Estados Unidos y otros gobiernos deben dejar inmediatamente de transferir armas a Israel que, con toda probabilidad, se usarán para cometer violaciones del derecho internacional o aumentar el riesgo de que se cometan. Prestar asistencia a sabiendas para cometer estas violaciones es contrario a la obligación de garantizar que se respeta el derecho internacional humanitario. Un Estado que sigue proporcionando armas que se están usando para cometer violaciones de derechos podría compartir la responsabilidad de estas violaciones.”Ante las pruebas de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos, Estados Unidos debe seguir sus propias leyes y políticas sobre la transferencia y venta de armas, como su Política de Transferencia de Armas Convencionales y la Guía de Respuesta a Incidentes de Daños a Civiles, que en conjunto tienen como objetivo prevenir las transferencias de armas que puedan facilitar o contribuir a causar daños a civiles y a la comisión de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos bombardeos ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares legítimos, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles. Además, aun en el caso de que los bombardeos —sobre los que Israel aún no ha facilitado información— estaban destinados a atacar objetivos militares, el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas densamente pobladas de este tipo podría hacer que fueran ataques indiscriminados. Como tales, estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.Especialistas en armas y analistas de teledetección de Amnistía Internacional examinaron las imágenes satelitales, así como fotografías tomadas por personas que trabajan en el terreno para la organización, de la destrucción de los lugares bombardeados y de fragmentos de munición recuperados de los escombros. Basándose en los daños significativos del blanco y de los edificios de alrededor, la bomba que alcanzó la vivienda de la familia Al Najjar pesaba probablemente 2.000 libras (algo más de 900 kilos). La bomba que alcanzó a la familia Abu Mueileq destruyó su casa y probablemente pesaba al menos 1.000 libras (alrededor de 450 kilos).En los dos ataques, las bombas usaron kits de JDAM fabricados en Estados Unidos. Las fotos de los fragmentos metálicos de las armas muestran con claridad remaches y el sistema de arneses característicos que indican que eran parte del armazón que rodea el cuerpo de la bomba de un JDAM. Además, los códigos grabados en la chapa de ambos conjuntos de restos recuperados, 70P862352, están asociados a municiones JDAM y a Boeing, el fabricante. Los códigos adicionales grabados en la chapa indican que la JDAM que mató a los miembros de la familia Al Najjar fue fabricada en 2017, mientras que la JDAM que mató a los miembros de la familia Abu Mueileq fue fabricada en 2018.Amnistía Internacional entrevistó a seis sobrevivientes y familiares de las víctimas de los ataques, y también analizó imágenes satelitales que mostraban destrucción en los lugares correspondientes durante un periodo de tiempo compatible con los relatos de los testigos. La organización envió preguntas sobre los dos ataques a la unidad de portavoces del ejército israelí el 21 de noviembre; en el momento de la publicación no había recibido respuesta.Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a todas las partes en el conflicto de Gaza e Israel. Amnistía Internacional también ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere la investigación abierta en 2021 sobre crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes.Bombardeo de la vivienda de la familia Al Najjar: “Han destruido a nuestra familia”El 10 de octubre, hacia las 20:30, un bombardeo aéreo israelí mató a 21 miembros de la familia Al Najjar cuando fue bombardeada la vivienda de la familia en Deir al Balah. Además, mató a tres vecinos.Suleiman Salman al Najjar (48 años), propietario de un taller de reparación y venta de coches, dijo a Amnistía Internacional que murieron su esposa Susanne Subhi Asalam Najjar (40 años) junto con 4 de sus hijos e hijas: la bebé Safa (17 meses) y la joven Farah (23 años), y los varones Yazan (14 años) y Nadim (20 años).Dijo: “No me sentía bien y fui al hospital Mártires de Al Aqsa, que está a unos dos kilómetros. Tengo problemas de riñón y, como el dolor empeoraba, decidí ir al hospital para que me pusieran una inyección antes de que fuera demasiado tarde [...]”“Me pusieron la inyección en el hospital y luego, al salir y regresar a casa en el coche, vi a un amigo y detuve el coche para saludarlo. Cuando estábamos hablando, oímos una gran explosión. No sabía dónde fue ese bombardeo y no pensé que fuera mi casa [...] Mientras seguía charlando con mi amigo, alguien me dijo que era mi casa la que acababan de bombardear [...]”“Me quedé en shock. Corrí a casa y vi una escena de pura destrucción. No podía creer lo que veía. Todo el mundo estaba bajo los escombros. La casa había quedado totalmente pulverizada. Los cuerpos estaban reducidos a jirones.” “Corrí a casa y vi una escena de pura destrucción. No podía creer lo que veía. Todo el mundo estaba bajo los escombros. La casa había quedado totalmente pulverizada. Los cuerpos estaban reducidos a jirones.”Suleiman Salman al Najjar (48 años) “Sólo se recuperó entero el cuerpo de mi hijo Nadim. De mi bebé, Safa, sólo encontramos una mano [...] Ahora, yo y mis dos hijos sobrevivientes vivimos en una tienda junto a las ruinas de nuestra casa. Nuestras vidas han quedado destrozadas en un instante. Han destruido a nuestra familia. Algo que era inconcebible es ahora nuestra realidad.” El bombardeo causó también la muerte de un vecino y dos vecinas de la familia Al Najjar: Yousef Baker Abu Traya (29 años) y Layla Said Ahmad al Aawar (42 años) y la hija de 7 años de ésta, Jana Hani al Aawar. El análisis de las imágenes satelitales del lugar confirma la destrucción entre la mañana del 10 y la mañana del 13 de octubre de 2023. Bombardeo de la vivienda de la familia de Abu Mueileq: “¿Por qué tanta injusticia?” El 22 de octubre, hacia las 12 del mediodía, un bombardeo aéreo israelí alcanzó tres casas pertenecientes a sendos hermanos Abu Mueileq y sus familias, en el norte de Deir al Balah. En total, el ataque causó la muerte de 18 miembros de la familia Mueileq —12 menores y 6 mujeres—, así como la de su vecino Rajab Ghazi Mezyed. Samaher Abu Mueileq, que sobrevivió al ataque, dijo a Amnistía Internacional: “Acababa de salir de la casa donde estaban mis cuñadas y mis sobrinos y sobrinas, un minuto antes de que la bombardearan.” “Bajé las escaleras y justo cuando abría la puerta de mi casa, bombardearon la casa de al lado, de mi hermano. La fuerza de la explosión me arrojó contra la puerta y me hice daño en la cara y el cuello. No entiendo por qué bombardearon la casa. Mataron a mis cuñadas y a sus hijos e hijas, y a mi madrastra; todos eran mujeres y niños y niñas... Otras personas resultaron heridas. ¿Cuál es la razón de este crimen contra civiles?” Bakir Abu Mueileq, hermano de Samaher, médico otorrinolaringólogo, perdió en el bombardeo a su esposa Islam Majid Abu Mueileq (34 años) y a cuatro de sus hijos e hijas: las niñas Doa (16 años) y Lama (11 años) y los niños Ghanem (14 años) y Mohamed (12 años). Bakir Abu Mueileq trabajaba en el hospital que está cerca de la casa de la familia cuando se produjo el bombardeo. Explicó a Amnistía Internacional: “Somos tres hermanos casados con tres hermanas, vivimos juntos, dedicados a nuestras familias y al trabajo, y lejos de la política. Somos médicos y científicos, y nuestro objetivo es vivir bien y construir un buen futuro para nuestros hijos e hijas.” “No podemos entender por qué bombardearon nuestras casas. Nunca habíamos tenido ningún problema. Lo mismo con nuestros vecinos. No hay nadie armado ni político aquí. Nuestra vida, nuestras familias, fueron destruidas por completo, aniquiladas. ¿Por qué?” “Los cuerpos estaban reducidos a jirones. Sólo pudimos encontrar trozos [...] Sólo se recuperaron más o menos enteros cinco de los cuerpos porque fueron arrojados más lejos [del lugar de la explosión]. Estamos en shock. ¿Qué futuro hay ahora para mis hijas sobrevivientes? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué?” El análisis de las imágenes satelitales del 22 de octubre de 2023 muestra daños producidos en estructuras ese día en ese lugar. El derecho internacional humanitario y la obligación de no contribuir a las violaciones de derechos Las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre personas civiles y bienes de carácter civil, por una parte, y combatientes y objetivos militares, por otra. Los ataques directos contra la población civil y contra bienes de carácter civil están prohibidos, así como los ataques indiscriminados. Cuando ataque un objetivo militar, el ejército israelí tiene la obligación de tomar todas las precauciones factibles para evitar y, en cualquier caso, minimizar las muertes y heridas a civiles, y los daños a bienes de carácter civil. Estas precauciones incluyen hacer todo lo posible para verificar que un blanco es un objetivo militar, escoger medios y métodos de ataque que reduzcan al mínimo los daños a la población civil, evaluar si un ataque sería desproporcionado, dar aviso con antelación y por medios eficaces a la población civil cuando sea factible, y anular un ataque si queda de manifiesto que sería ilegítimo. Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos bombardeos ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares legítimos, y no recibió datos en sentido contrario de Israel, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles o contra bienes de carácter civil. Amnistía Internacional examinó artículos de prensa en busca de información sobre estos ataques y no encontró ninguna declaración pertinente de las autoridades israelíes ni ninguna otra afirmación de que hubiera objetivos militares presentes. Incluso si hubiera habido un objetivo militar legítimo en las proximidades de alguno de los edificios alcanzados, estos ataques no distinguieron entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Los ataques indiscriminados que causen la muerte o heridas a civiles constituyen crímenes de guerra. La larga constante de ataques temerarios contra objetivos civiles que Amnistía Internacional ha venido documentando a lo largo de los ataques en curso de Israel, así como durante los conflictos de 2008-09, 2014 y 2021, podría equivaler a dirigir ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil, que también son crímenes de guerra. La densidad de población extremadamente alta en la asediada Franja de Gaza conlleva dificultades adicionales para todas las partes implicadas en el conflicto. El derecho internacional humanitario exige que Hamás y otros grupos armados adopten todas las precauciones posibles para proteger a la población civil que está bajo su control de los efectos de los ataques. Esto incluye, en la medida de lo posible, evitar situar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. En los ataques que se investigan aquí, Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que Hamás usara escudos humanos, ni siquiera de la presencia de combatientes donde se produjeron los ataques. Sin embargo, aun en el caso de que los grupos armados incumplan sus obligaciones, Israel sigue obligada por el derecho internacional humanitario, que incluye la prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados. Todos los Estados tienen la obligación de garantizar que se respetan las normas del derecho internacional humanitario, incluso por parte de otros Estados. El comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de 2020 sobre el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, explica: “El apoyo económico, material o de otra índole, a sabiendas de que dicho apoyo se utilizará para cometer violaciones del derecho humanitario, violaría, por tanto, el artículo 1 común.” Las transferencias de armas de Estados Unidos a Israel, en las circunstancias actuales, viola sus obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra. Además, Estados Unidos podría compartir la responsabilidad de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por Israel con armas suministradas por Estados Unidos, pues todos los Estados tienen el deber de no contribuir, a sabiendas, a hechos internacionalmente ilícitos de otros Estados. Las normas sobre responsabilidad de los Estados son normas del derecho internacional consuetudinario y están reflejadas en los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (Artículos sobre Responsabilidad del Estado) de la Comisión de Derecho Internacional, cuyo artículo 16 establece que un Estado puede ser considerado responsable de prestar ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de una violación del derecho internacional humanitario “si lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito” y si el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia. Información complementaria El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados lanzaron cohetes indiscriminados y enviaron combatientes al sur de Israel y cometieron crímenes de guerra como homicidios masivos deliberados de civiles y la toma de rehenes. Según las autoridades israelíes, Hamás y otros grupos armados en Gaza tomaron como rehenes al menos a 239 personas, en su mayoría civiles, entre las que había 33 menores. A fecha 1 de diciembre, habían sido liberados 113 rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados en Gaza y 240 personas palestinas detenidas y presas en cárceles de Israel como parte de un acuerdo durante una “pausa humanitaria” que comenzó el 24 de noviembre y finalizó el 1 de diciembre. Amnistía Internacional ha documentado pruebas irrefutables de crímenes de guerra cometidos por fuerzas israelíes en su intenso bombardeo de Gaza que incluyen ataques directos o indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y el castigo colectivo de la población civil. Los ataques han matado a más de 15.000 personas, en su mayoría civiles —entre ellas más de 5.500 niños y niñas—, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza. Amnistía Internacional pide un alto el fuego sostenido inmediato, la liberación de todos los rehenes civiles restantes y que Israel ponga fin a su asedio ilegal e inhumano de Gaza. Amnistía Internacional pide asimismo un embargo de armas total del Consejo de Seguridad de la ONU a Israel, Hamás y otros grupos armados que abarque el suministro directo e indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías asociadas, piezas y componentes, asistencia técnica, formación y ayuda económica y de otro tipo.
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Amnistía Internacional denuncia una “clamorosa falta de gobernanza global y liderazgo” para afrontar los desafíos a los derechos humanos en su 75 aniversario (Tue, 05 Dec 2023)
“En un mundo profundamente interconectado, los desafíos que enfrentamos como sociedad global requieren una mayor cooperación y liderazgo comprometidos con los derechos humanos” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.“La reciente pandemia ya puso de manifiesto la clamorosa falta de gobernanza global y liderazgo, además de la frágil interdependencia y la urgente necesidad de solidaridad entre naciones. Conflictos armados sin resolver durante décadas, parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desigualdades sistémicas que amenazan el derecho a la educación o a la salud millones de personas, un cambio climático que representa la mayor amenaza intergeneracional para la humanidad, movimientos migratorios y de personas refugiadas sin precedentes que ven vulnerados sus derechos de manera grosera, tecnologías disruptivas sin control y un aumento en la represión de la protesta pacífica son algunos de los recordatorios dolorosos de los problemas y retos que persisten para los derechos humanos y que sólo se podrán afrontar de manera global.”“El impacto de esta falta de liderazgo global comprometido de verdad con los derechos humanos provoca que los derechos de millones de mujeres, niños y niñas y comunidades marginadas sigan siendo violados, con una discriminación y violencia persistentes. Además, los avances tecnológicos, si bien prometedores, plantean nuevos dilemas éticos a una velocidad vertiginosa. La desigualdad, con sus retrocesos y avances simultáneos dependiendo de las regiones del mundo, la igualdad de género y los derechos LGBTQ+ continúan siendo desafíos cruciales que requieren atención y acción inmediatas” ha añadido. Retrospectiva y logros en la historia de los derechos humanos ”Tras su adopción, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convirtió pronto en un movimiento global de esperanza, incluso más allá de sus intenciones originales, inspirando movimientos anticoloniales y estableciendo un marco sólido para la justicia y la igualdad. 75 años más tarde, y a pesar de todas las dificultades que atraviesa, podemos decir que los derechos humanos han sido un éxito incontestable en la historia de la humanidad” ha asegurado Esteban Beltrán. “A pesar de la situación desafiante e incierta que vive el mundo hoy, desde 1948 se han experimentado avances significativos en múltiples áreas, como el derecho a la educación y la reducción del analfabetismo en gran número de países, el acceso a la atención médica de más sectores sociales, la igualdad de género, la protección legal contra la discriminación, la prohibición de la tortura, la creación del Tribunal Penal Internacional, el enjuiciamiento y castigo de algunos responsables de crímenes de derecho internacional o los avances en la abolición de la pena de muerte. Y a pesar de algunas críticas iniciales que la tildaban de ser un texto muy influido por Occidente, la Declaración se transformó pronto en un movimiento global que ha influido poderosamente en lograr avances sustanciales para los derechos humanos, incluyendo establecer un marco legal universal de protección a los derechos humanos que, por primera vez en la historia de la humanidad, establece que ´todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos´. Definitivamente, el mundo sería hoy un mundo peor sin los derechos humanos”. Reimaginar los derechos humanos en un mundo desafiante “El entorno global actual y sus desafíos mayúsculos son imperativos urgentes que nos instan a repensar y actualizar la Declaración Universal para reflejar las nuevas dinámicas en las relaciones globales entre individuos, Estados y corporaciones, para enfrentar discursos populistas que amenazan con socavar la protección de los derechos fundamentales, o para conjurar las amenazas que los avances tecnológicos disruptivos representan para la salvaguarda de los derechos humanos en un mundo cada vez más digitalizado y complejo.” “Amnistía Internacional es consciente del reto que se abre por delante y lanzará a principios de 2024 la Comisión 2048, un proyecto de amplio espectro para reimaginar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de cara a su centenario. Si la sociedad civil no lidera y presiona para que los derechos humanos avancen, hay pocas probabilidades de que lo hagan los Gobiernos. Esta es una de las penosas consecuencias de la falta de liderazgo global que padece el mundo.” España: Avances y grietas en derechos humanos El panorama de los derechos humanos en España ha evolucionado significativamente desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, marcando hitos que reflejan un progreso tangible, aunque aún existen grietas por donde se cuelan graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. La educación básica, uno de los pilares de una sociedad justa y libre, se reguló como obligatoria y gratuita en 1970; A partir del establecimiento de la Constitución Española de 1978 han tenido lugar grandes avances en el derecho a la libertad de expresión, en la participación democrática en elecciones libres o la igualdad de género. El Estatuto de los trabajadores de 1980 desarrolló los derechos laborales y el derecho a trabajar contenido en la Constitución. En 1986 se hizo efectivo por ley el derecho a la salud reconocido en la Constitución y se creó el Sistema Nacional de Salud, aunque se han dado en este tiempo retrocesos que no garantizan la universalidad de este derecho. También fue abolida en la práctica la pena de muerte. Sin embargo, persisten desafíos notables que requieren una atención inmediata. El principal reto de largo plazo para que España de un paso significativo en la protección de los derechos humanos en España es reformar la Constitución, que no ofrece una protección uniforme de todos los derechos humanos, dejando lagunas que limitan la defensa plena de derechos como el acceso a la vivienda o a la salud, entre otros. El derecho a la vivienda, no reconocido como derecho fundamental en la Constitución,  tras casi cincuenta años de democracia, ha tenido su primera ley tan sólo el año pasado y ahora necesita ser puesta en práctica. La reforma de la Constitución es necesaria para asegurar la protección uniforme de todos los derechos humanos. Esta reforma podría representar una oportunidad para alinear la Carta Magna, aún mas, con el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Garantizar que los derechos no se vean comprometidos durante crisis económicas u otras situaciones excepcionales y la inclusión de la protección ambiental como un derecho constitucional se plantean como pilares clave de esta posible reforma. A corto y medio plazo, quedan también retos de envergadura en derechos humanos: revertir el grave retroceso en la libertad de expresión y asociación del año 2015, en el que el Congreso aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC, conocida como 'Ley Mordaza') y la reforma del Código Penal, las desigualdades económicas y sociales considerables en diversas regiones del Estado, con cerca del 22% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, o las consecuencias del cambio climático, como las altas temperaturas y las olas de calor, que ponen en peligro la salud y la vida de miles de personas. El área mediterránea es la región que se está calentando a mayor velocidad. La lucha contra la violencia de género o la violencia sexual, los múltiples obstáculos que se encuentran las personas refugiadas e inmigrantes racializadas que buscan llegar a España huyendo de conflictos armados, de la represión o del empobrecimiento, así como la garantía de acceso a la justicia para las víctimas del Franquismo son otros de los desafíos que siguen requiriendo acciones concretas y urgentes por parte de las autoridades.
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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Se necesita urgentemente un alto el fuego sostenido para poner fin a la muerte de civiles (Fri, 01 Dec 2023)
En respuesta a la reanudación de los ataques de Israel en la Franja de Gaza ocupada y al lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel por parte de grupos armados tras finalizar una tregua de siete días, Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional, ha afirmado:    “Reiteramos con urgencia nuestro llamamiento en favor del alto el fuego inmediato y duradero de todas las partes en el conflicto. Si no se produce un cese de las hostilidades, la atroz cifra de muertes se multiplicará y la población civil de Gaza deberá soportar de nuevo el horror inimaginable de las pasadas semanas, sin un lugar seguro a donde ir, sin refugio de ninguna clase y sin ayuda humanitaria. Los rehenes retenidos todavía por Hamás y otros grupos armados de Gaza corren un riesgo aún mayor. La población civil de Israel también está expuesta a sufrir daños como consecuencia del lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza. Hay que detener todo esto. “Los líderes y lideresas del mundo deben ejercer de inmediato una presión mayor sobre las partes en conflicto a fin de que alcancen un alto el fuego inmediato y duradero. El alto el fuego es la mejor forma de garantizar que toda la población civil de Israel y los Territorios Palestinos Ocupados está protegida y de aliviar el sufrimiento humano masivo en Gaza. E incluso sin un alto el fuego, Israel y Hamás deben proteger a la población civil respetando completamente las reglas del derecho internacional humanitario.  “Si bien la liberación de 113 rehenes israelíes y de otras nacionalidades y la de 240 personas palestinas detenidas y presas es un alivio para sus familiares y seres queridos, hay que hacer algo más. Los grupos armados deben liberar a todos los rehenes civiles. Por su parte, las autoridades israelíes han de liberar a todas las personas palestinas detenidas arbitrariamente.” “Todos los Estados deben honrar su obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, entre otras cosas, exigiendo el acceso de la ayuda humanitaria sin trabas a la población civil de toda Gaza, poniendo fin a las transferencias de armas utilizadas por todas las partes para cometer violaciones, y apoyando la investigación imparcial de los crímenes de guerra cometidos por todas las partes.”     Información complementaria En Gaza han perdido la vida más de 15.000 personas, entre ellas 6.000 niños y niñas y miles de personas más han resultado heridas desde el inicio de la guerra en octubre, tras los ataques de Hamás y otros grupos armados en Israel. Más de 1.200 personas murieron durante los terribles ataques cometidos por Hamás y otros grupos armados en Israel, y más de 200 fueron tomadas como rehenes.    Durante la tregua, fueron liberadas 113 personas israelíes y de otras nacionalidades que estaban retenidas en Gaza como rehenes; igualmente, 240 personas presas y detenidas palestinas fueron puestas en libertad.
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