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lun

22

oct

2018

Fallo del I Certamen de Relatos Cortos: " El derecho a la Educación"

Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León anuncia el fallo del I Certamen literario de relatos cortos: "El Derecho Humano a la Educación".

PREMIOS

Se reciben 68 relatos que reflexionan sobre el Derecho a la Educación desde múltiples puntos de vista.

Con fecha 10 de Octubre de 2018, se reúne, en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, el jurado del Certamen, con el objeto de emitir su valoración particular de los relatos presentados.

 

El jurado, tras una larga deliberación, acuerda conceder los siguientes premios:

 

  • PRIMER PREMIO, dotado con 1.400€: "Piedra, Papel, Tijera", un relato de Raúl Clavero Blázquez
  • SEGUNDO PREMIO, dotado con 600€: "El chófer", un relato de Rafael Fuentes Pardo.

ENTREGA DE PREMIOS

El día 1 de diciembre de 2018, en el ayuntamiento de Morales de Campos, se realizará un acto de entrega de premios, para lo cual se invitará a los premiados para que lean sus relatos, así como a los representantes de las entidades financieras.

AGRADECIMIENTOS

Desde Arquitectos sin Fronteras Castilla y León queremos dar la enhorabuena a los ganadores, y nuestro agradecimiento al resto de participantes.

 

Nuestro sincero agradecimiento a las entidades financiadoras y colaboradoras: Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Ayuntamiento de Morales de Campos.

 

 

Además, queremos agradecer especialmente su colaboración desinteresada a todos los miembros del Jurado:

Eva María Domínguez Sánchez, Esmeralda Pérez Gil, Laura Urueña del Rey, María del Pilar Tirador Ortiz, Carlos Lozano Ginel, José Manuel Lozano Nieto y Arturo J. Pinto Aguado.

 

 

ACTA DEL FALLO

Puedes descargar el acta del fallo del jurado aquí:

https://www.dropbox.com/s/lya4hv54uwchatv/fallo%20del%20jurado.pdf?dl=0

 

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jue

21

jun

2018

I Certamen de Relatos Cortos: " El derecho a la Educación"

Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León, presenta el I Certamen literario de relatos cortos (ASFCYL) bajo el título "El Derecho Humano a la Educación".

PRESENTACIÓN

ASFCYL realizará a una JORNADA DE PRESENTACIÓN del Certamen el día 23 de Junio de 2018 en el Ayuntamiento de Morales de Campos (Pza. de la concordia 1), en la que habrá una exposición de los proyectos desarrollados por ASFCYL en el ámbito de la educación en Perú y Burkina Faso.

OBJETIVO

Los relatos cortos son un recurso literario de gran valor didáctico y educativo, a través de los cuales se transmiten símbolos, valores, roles y principios. Mediante la convocatoria de este certamen se pretende sensibilizar sobre la importancia de la educación en el desarrollo integral de las personas y la erradicación de las desigualdades por razón de sexo, religión, raza, nivel social y económico. La educación como motor de transformación social profunda hacia un mundo más justo e igualitario.

El presente certamen se desarrolla en el marco de las actividades de sensibilización en Castilla y León vinculadas a los proyectos de cooperación al desarrollo CONTRIBUCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UNA EDUCACIÓN PRIMARIA DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SOARKA en BURKINA FASO (financiado por la Junta de Castilla y León) y MEJORA DEL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y FUNDAMENTAL PARA PERSONAS PROCEDENTES DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE LUYA, EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, PERÚ (financiado por la Diputación de Valladolid).

BASES

1.- Los relatos, se ajustarán al título de la convocatoria “El Derecho Humano a la Educación” y deberán estar escritos en castellano.

 

2.- Podrán participar escritores de cualquier nacionalidad que hayan cumplido los 18 años, a excepción de socios/as de ASFCYL.

 

3.- Cada concursante solo podrá participar con un único relato.

 

4.- La extensión máxima será de (3) tres DIN-A4 escritos por una sola cara a espacio y medio de interlineado y con letra ARIAL de 11 puntos. No se admitirán textos manuscritos.

 

5.- Forma de entrega. 

Se enviará un único paquete que contenga dos sobres:

- Sobre A: RELATO.

Este sobre contendrá el relato que deberá ser inédito y no haber sido premiado en otros certámenes. Se presentará por triplicado en soporte papel DIN-A4, sin grapar y paginado, junto con un CD o USB con la obra original  en formato PDF. 

- Sobre B: IDENTIFICACIÓN. 

Este contendrá:

- Anexo 1: datos del autor/a, declaración jurada de ser obra original e inédita y cesión de los derechos de difusión a favor de la Asociación Arquitectos sin Fronteras de Castilla y León, en caso de resultar ganador.

Ni en el paquete ni en ninguno de los sobres anteriores figurará en el exterior dato alguno identificativo del autor y llevarán el título del relato en el exterior.

 

6.- Los relatos se enviarán por correo postal a la siguiente dirección:

ARQUITECTOS SIN FRONTERAS CASTILLA Y LEÓN

APARTADO DE CORREOS Nº 31

47080 VALLADOLID

No se admitirán relatos enviados por correo electrónico.

 

7.- La admisión de textos comienza el 23 de junio y finalizará el 30 de julio de 2018.

 

8.- El jurado estará formado por un mínimo de cuatro personas: dos miembros de la Asociación ASFCYL, representantes de los organismos involucrados (JCYL, Diputación de Valladolid y/o Ayuntamiento de Morales de Campos) y representantes del ámbito cultural de Castilla y León.

 

9.- El jurado, con carácter previo a la valoración de los trabajos, determinará los criterios en los que se basará su decisión, siendo fundamentalmente: la originalidad, el dominio del lenguaje, la corrección ortográfica y estilística, lenguaje y contenido no sexista, la esencia literaria y la capacidad de la historia para sensibilizar sobre el Derecho a la Educación. 

 

10.- El fallo del jurado se dará a conocer a través de la página web de la Asociación www.asfcyl.org. La entrega de premios se realizará en Morales de Campos, Valladolid, en fecha que se anunciará con suficiente antelación.

 

11.- Los ganadores verán publicados sus relatos en la web de la Asociación y ésta se compromete a dar la máxima difusión de los relatos ganadores en el ámbito de sus actuaciones. La Asociación podrá hacer uso de los relatos ganadores para fines educativos y de sensibilización en el ámbito de sus actuaciones. 

Los trabajos presentados a concurso no serán devueltos.

 

12.- La participación en este premio supone la aceptación total de las presentes bases y el incumplimiento de alguna de ellas anulará dicha participación. 

 

PREMIOS

PRIMER PREMIO de 1.400 € patrocinado por la Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia. Secretaría General de la Presidencia. Servicio de Cooperación al Desarrollo.


SEGUNDO PREMIO de 600 € patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de Valladolid. Área de igualdad de oportunidades y servicios sociales. Servicio de acción social. Programa de cooperación internacional para el desarrollo.

INFORMACIÓN Y DESCARGAS

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mié

13

dic

2017

EL ÁRBOL DE LA ESCUELA

En diciembre del pasado año recibimos una subvención de la Junta de Castilla y León para realizar el proyecto de contribución al cumplimiento del Derecho a una Educación Primaria de calidad para los niños y niñas de Beebo, que es un pequeño pueblo de Burkina Faso.

 

Con este proyecto hemos conseguido construir una escuela completa para los niños y niñas en una zona de África donde el índice de alfabetización es solo del 30%. Hasta ahora, las posibilidades eran escasas para quienes nacieran en el municipio y los niños estaban abocados desde muy corta edad a trabajar en el campo o a cuidar el ganado o a desplazarse con sus familias a otros puntos en busca de nuevas alternativas de subsistencia, como es el reciente aumento en la región de la búsqueda de oro, que genera un mayor abandono de la tierra y aumenta el grado de contaminación del suelo y el número de accidentes laborales por los deficientes medios de la minería. Y por desgracia, el futuro de las niñas sin educación es aún más incierto.

 

Hemos propuesto realizar, dentro del marco de nuestro proyecto, una actividad de sensibilización en Antigüedad, para dar a conocer la vida cotidiana de las gentes de Burkina Faso, que es la “Tierra de los Hombres Honrados”. La compañía de teatro La Rueda nos brindará, mediante cuatro monólogos, una jornada de Teatro Encuentro para suscitar una reflexión compartida entre los actores y los espectadores, que esperamos que sea lo más participativa posible.

 

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10

nov

2017

JORNADA 20/11/2017

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04

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2015

Muévete contra la pobreza

En el marco de la subvención 2014 de la Junta de Castilla y León a la Coordinadora ONGD CyL, se ha trabajado en la puesta en marcha de la II edición del Concurso de Crtos MUEVETE CONTRA LA POBREZA, este año dedicado a la soberanía alimentaria.
 
El concurso se inicia hoy y estará abierto hasta el 26 abril de 2015. Os dejo el enlace de la web de información del concurso, donde encontraréis las bases, recursos, etc.: http://www.congdcyl.org/muevetecontralapobreza/
 
Para complementar el concurso e incidir en la sensibilización se están realizando talleres sobre soberanía alimentaria, en centros educativos de FP vinculados a comunicación audiovisual, imagen y sonido, etc, así como en centros universitarios.
 
A ver si entre todos/as conseguimos difundirlo y que nos lleguen buenos materiales.
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Amnistía Internacional

Europa: La nueva legislación de la UE sobre diligencia debida que regula las grandes empresas es un avance revolucionario para los derechos humanos (vie, 24 may 2024)
La votación de los ministros de los 27 Estados miembros de la UE celebrada hoy para aprobar una ley que exige a las grandes empresas que identifiquen y aborden los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos y el medioambiente marca uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de legislación internacional sobre empresas y derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, que establece normas de derechos humanos para las grandes empresas que operan en la Unión Europea, entrará en vigor en los próximos días y los Estados miembros deberán incorporarla a su legislación nacional. “Es un momento decisivo para los derechos humanos y la rendición de cuentas de las empresas. La UE ha establecido una normativa vinculante para la conducta responsable de las empresas en el mayor mercado interior del mundo. Este logro inmenso debería transmitir a todas las empresas el mensaje de que deben respetar los derechos humanos”, ha afirmado Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional. La histórica legislación obligará a las grandes empresas que operan en la UE a evaluar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus operaciones y gran parte de su cadena de suministro, incluso fuera de Europa, y a tomar medidas para abordarlos. “Esta legislación supone un cambio radical en la protección de las personas frente a los abusos. Significa que las víctimas de daños a los derechos humanos causados o propiciados por empresas que operan en la UE o por sus proveedores tendrán mayor acceso a un recurso efectivo ante tribunales de Europa. Si se aplica con firmeza, supondrá un avance, por ejemplo, en la prevención del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como en la prevención de los abusos contra los trabajadores que fabrican productos para su venta en la UE.” La nueva legislación cuenta con un amplio apoyo entre las empresas europeas, muchas de las cuales reconocen que proteger los derechos humanos no sólo es su obligación, sino que además es positivo para la sostenibilidad de su negocio. Estudios realizados demuestran que las empresas que protegen los derechos humanos son más estables económicamente que sus competidores. La Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad debería inspirar a todos los países para adoptar una legislación firme en materia de empresas y derechos humanos. Ahora es preciso que los Estados miembros de la UE implementen la nueva legislación. Hannah Storey ha manifestado: “Pedimos a los Estados miembros de la UE que aprovechen el proceso de incorporar la directiva a su legislación nacional para mejorar las áreas de la Directiva susceptibles de refuerzo, entre otras cosas ampliando el conjunto de empresas a las que se aplica y eliminando las exenciones problemáticas para el sector financiero y las empresas que producen armas y tecnología de vigilancia”. Información complementaria Hoy, el Consejo de la UE ha votado a favor de la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad. Ahora los Estados miembros disponen de dos años para incorporarla a su legislación nacional. Será aplicable a las empresas radicadas en la UE con más de 1.000 personas en plantilla por término medio y una facturación neta mundial de más de 450 millones de euros. Asimismo se aplicará a las empresas no radicadas en la UE que facturen más de 450 millones de euros en el bloque europeo. La Directiva contiene exenciones parciales para las instituciones financieras, los fabricantes de armas y las empresas que producen otros productos sujetos al control de las exportaciones, como la tecnología de vigilancia.
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Yemen: Un año después, los huzíes deben poner en libertad a los bahaíes detenidos arbitrariamente a causa de su religión y poner fin a la persecución de minorías (Thu, 23 May 2024)
Las autoridades de hecho huzíes deben poner en libertad de manera inmediata e incondicional a cinco miembros de la comunidad bahaí que llevan casi un año detenidos arbitrariamente sin cargos en Saná como parte de la persecución continuada de personas de la fe religiosa bahaí. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, entre la preocupación de que los hombres en cuestión puedan correr peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos.  El 25 de mayo de 2023, las fuerzas armadas huzíes irrumpieron en una reunión pacífica de bahaíes que se celebraba en una residencia privada en Saná y detuvieron arbitrariamente a 17 personas, entre ellas 5 mujeres. Estas personas fueron víctimas de desaparición forzada durante unos cuatro meses, hasta que sus familias supieron que estaban recluidas en centros de detención de seguridad e inteligencia dirigidos por huzíes en Saná. Entre junio y diciembre de 2023, 12 personas, incluidas las 5 mujeres, fueron puestas en libertad a causa de las presiones internacionales. Sin embargo, cinco hombres permanecen detenidos arbitrariamente y privados de su derecho a asistencia letrada. Entre los cinco bahaíes que continúan detenidos arbitrariamente se encuentran dos trabajadores humanitarios —Abdul’elah Muhammad al-Boni, de 30 años, y Hassan Tariq Thabet Al-Zakari, de 28– y un activista de derechos humanos: Abdullah al-Olofi, de 45 años. Los otros dos son Muhammad Bashir Abdel Jalil, de 25 años, e Ibrahim Ahmad Jo’eil, de 49. “Es completamente inaceptable que se ataque y encierre a personas simplemente por ejercer sus derechos y practicar su religión y sus creencias. La implacable persecución de miembros de la comunidad bahaí se ha llevado a cabo durante demasiado tiempo con total impunidad. Es hora de que termine esta parodia de justicia”, ha manifestado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen. “Las autoridades huzíes deben poner fin inmediatamente a todo tipo de discriminación y persecución contra la minoría bahaí y contra cualquier otra persona que sea atacada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión y de creencia” Diala Haida, Amnistía Internacional “Las autoridades huzíes deben poner fin inmediatamente a todo tipo de discriminación y persecución contra la minoría bahaí y contra cualquier otra persona que sea atacada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión y de creencia. Se debe permitir que las personas bahaíes y miembros de otras religiones minoritarias practiquen libremente su religión sin discriminación ni represalias.” Según fuentes dignas de crédito, los huzíes exigieron un aval y el pago de una “garantía comercial” como condición para poner en libertad a los 12 bahaíes detenidos. Como requisito previo para la liberación, algunas de las personas liberadas fueron obligadas a firmar compromisos en los que denunciaban su religión, lo que constituye una flagrante violación de su derecho a la libertad de religión y de creencias. En un incidente diferente ocurrido en 2020, los huzíes liberaron a otros seis bahaíes después de unos seis años de detención arbitraria, con la condición de que se marcharan al exilio, cosa que hicieron. Obligar a la gente a exiliarse por motivos religiosos o por oposición política constituye una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos. Discurso de odio para incitar a la violencia contra las minorías La detención de bahaíes a causa de su fe viola las obligaciones contraídas por Yemen en virtud del derecho internacional, y forma parte de una represión más amplia de las minorías por parte de las autoridades huzíes que Amnistía Internacional lleva documentando desde 2015. En varias ocasiones, las autoridades públicas han incitado en discursos públicos a la violencia y la discriminación contra la comunidad bahaí. Semanas antes de la detención arbitraria de las 17 personas bahaíes, Abdel Malek al-Huthi, líder de los huzíes, renovó en un discurso sus ataques contra las minorías religiosas, incluida la bahaí, a las que acusó de conspirar para destruir el islam. El 2 de junio de 2023, el gran muftí afiliado a los huzíes en Saná atacó en su sermón del viernes a la comunidad bahaí de Yemen, a la que acusó de intentar dañar al país, e incitó a la violencia contra ella. “Los huzíes son muy conscientes del impacto de su discurso de odio, pero siguen incitando vergonzosamente a la violencia contra los bahaíes y otras minorías religiosas”, ha manifestado Diala Haidar. “El gobierno reconocido internacionalmente también debe respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la protección de las minorías religiosas. Debe derogar las leyes que violan los derechos humanos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión.” Yemen es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que garantiza el derecho de todas las personas a tener o adoptar la religión o las creencias que elijan, y a practicar su religión “individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 100 personas de la fe bahaí en Yemen, a quienes las autoridades de hecho huzíes han detenido y sometido a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y torturas y malos tratos, además de negarles el derecho a un juicio justo. En agosto de 2016, las autoridades huzíes irrumpieron en un acto comunitario juvenil pacífico bahaí en Saná y detuvieron arbitrariamente a 65 personas, entre ellas 14 mujeres y 6 niños y niñas. En septiembre de 2018, 24 personas bahaíes se enfrentaron a cargos falsos, incluido el de espionaje para Estados extranjeros, en procedimientos flagrantemente injustos. Ese mismo año, en el mes de enero, las autoridades huzíes condenaron a muerte a Hamid Haydara, preso de conciencia bahaí de 52 años, por presunta colaboración con Israel y falsificación de documentos oficiales. Esta condena se dictó cuando Hamid Haydara llevaba detenido desde diciembre de 2013 en un proceso defectuoso que incluyó cargos falsos, un juicio injusto y denuncias creíbles de que había sufrido tortura y otros malos tratos. La comunidad bahaí también sufrió persecución a causa de su fe antes del actual conflicto armado, bajo el gobierno del expresidente Ali Abdullah Saleh.
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Bosnia y Herzegovina: La resolución sobre Srebrenica es un importante reconocimiento para las víctimas y sus familias (Thu, 23 May 2024)
Ante la adopción por la Asamblea General de la ONU de una resolución que establece el 11 de julio como Día Internacional de Reflexión y Recordatorio del Genocidio de Srebrenica de 1995, Jelena Sesar, investigadora para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:   “Esta resolución, que debería haberse adoptado hace mucho tiempo, supone un importante reconocimiento público de las víctimas y sus familias y es un merecido homenaje a las personas supervivientes que han luchado durante casi 30 años para mantener vivo el recuerdo de los terribles acontecimientos sucedidos en Srebrenica". “Las autoridades de algunas zonas de Bosnia y Herzegovina y la región siguen negando los crímenes y practican una peligrosa glorificación de quienes fueron declarados culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad” Jelena Sesar, Amnistía Internacional “Lamentablemente, las autoridades de algunas zonas de Bosnia y Herzegovina y la región siguen negando los crímenes y practican una peligrosa glorificación de quienes fueron declarados culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad. Y lo hacen a pesar de que los tribunales internacionales han demostrado más allá de toda duda que el homicidio de más de 8.000 hombres y niños en 1995 constituyó un acto de genocidio". “Más que un mero acto conmemorativo, la resolución subraya el compromiso colectivo con la justicia, la verdad y la reparación, así como la determinación de aprender de las atrocidades del pasado para evitar crímenes similares en el futuro. Debe animar a la comunidad global a afrontar y rebatir la negación del genocidio y a invertir en educación y otros programas públicos de información para salvaguardar los hechos históricos y evitar el genocidio antes de que se produzca.” Información complementaria La resolución, propuesta conjuntamente por Alemania y Ruanda, y copatrocinada por Estados Unidos, Francia y Bosnia y Herzegovina, entre otros países, recibió el apoyo de 84 de los 171 Estados miembros de la ONU. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPY) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminaron que los crímenes cometidos en Srebrenica habían constituido actos de genocidio. El 10 y el 11 de julio de 1995, más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron asesinados cuando el Ejército de los Serbios de Bosnia atacó Srebrenica —designada por la ONU como “zona segura”— a pesar de la presencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Aunque se han exhumado, identificado y enterrado los cadáveres de más de 7.000 víctimas del genocidio de Srebrenica, más de 1.000 personas permanecen en paradero desconocido o sus restos esperan a ser recuperados e identificados.
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Guatemala: Amnistía Internacional denuncia sesgo de género en la criminalización sistemática de personas operadores de justicia y defensoras de derechos humanos (Thu, 23 May 2024)
El patrón de hostigamiento continuo por medio del abuso del sistema penal llevado a cabo por parte de las autoridades del Ministerio Público (MP) y del Organismo Judicial (OJ) para reprimir y desmantelar la lucha contra la corrupción y la impunidad, incorpora varias formas de discriminación y violencia de género que exponen a las mujeres criminalizadas a un doble castigo, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar su nuevo informe, “Todo el sistema en contra”, criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala. “Es alarmante ver cómo las autoridades del Ministerio Público y el Organismo Judicial a cargo de estos casos no solamente han implementado una  estrategia perversa de persecución penal infundada y de intimidación, sino que además dan paso libre, con total indiferencia e impunidad, a la discriminación y la violencia basada en género en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas". dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  Las personas que participaron profesionalmente en la lucha contra la impunidad y la corrupción enfrentan acciones coordinadas destinadas a perseguirlas judicialmente y encarcelarlas de forma arbitraria, a través de cargos infundados y presentados en procedimientos penales sin las garantías de un juicio justo. Estas acciones conforman un patrón de criminalización y hostigamiento que a su vez constituyen violaciones de derechos humanos atribuibles al MP y el OJ. Basado en entrevistas y el análisis de una decena de casos, el informe expone las características de este patrón y los impactos de estas prácticas ilegitimas bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El informe relata en detalle las historias de la exjueza Erika Aifán, la exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra, las exauxiliares fiscales Paola Escobar y Aliss Morán, y la abogada y exmandataria de la CICIG, Claudia González, todas sometidas a procesos injustos sólo por haber realizado funciones legítimas dentro del sistema de justicia penal. “En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos”, agregó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  “En lugar de ser protegidas, estas mujeres están expuestas a un castigo adicional solamente por haberse atrevido a enfrentar la impunidad y los roles de género tradicionalmente establecidos” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional Patrón de violaciones de derechos humanos  La investigación evidencia que las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos suelen enfrentar al mismo tiempo numerosas demandas penales, administrativas o disciplinarias. Amnistía Internacional considera que el número extremadamente elevado de denuncias penales simultáneas y carentes de una base fáctica o legal suficiente analizadas en el informe, juntamente con el hecho de que estas denuncias son promovidas por las autoridades con la única intención de castigar y silenciar a personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, convierte estos casos en demandas estratégicas contra la participación pública, también conocidas, por sus siglas en inglés, como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). El informe detalla que, a lo largo del proceso penal, las personas criminalizadas enfrentan un sinfín de violaciones a sus derechos a mano de del MP y del OJ. Amnistía Internacional ha documentado por ejemplo que las autoridades han abusado de la detención preventiva, ordenando esta medida sin respetar los estándares internacionales al respecto, y han permitido detenciones prolongadas de personas que no son presentadas ante un juez sino hasta semanas después de su arresto en violación de normas nacionales e internacionales. A ello se suman vulneraciones de la presunción de inocencia, al derecho de defensa, repetidas restricciones injustificadas de la publicidad de las audiencias y un patrón de retrasos injustificados de los procesos y audiencias. Además, llama la atención que algunos tipos específicos de delitos se usan con más frecuencia en los procesos de criminalización como los de abuso de autoridad, revelación de información e incumplimiento de deberes y que un número significativo de estos casos están siendo conocidos solamente por un reducido número de Juzgados de Primera Instancia Penal. En paralelo, las personas criminalizadas enfrentan un acoso continuo en espacios públicos, y en la esfera digital. Los ataques en redes sociales, provenientes de hordas de cuentas coordinadas (Netcenters), incluyen insultos, mensajes denigrantes hacia ellas y sus familias, vigilancia, e incluso amenazas de detención, daños o muerte. Estos ataques son activados estratégicamente por sus autores en momentos claves del proceso judicial para incrementar la intimidación y el hostigamiento hacia las personas criminalizadas.   La información recabada por Amnistía Internacional muestra que las denuncias destinadas a poner fin a estos tipos de hostigamiento están estancadas o desechadas. Adicionalmente, las mismas cuentas que ejecutan los ataques en la esfera digital han filtrado en redes sociales, con plena impunidad, información de los casos que sólo debe estar en conocimiento de las autoridades, anunciando anticipadamente, por ejemplo, operativos u otras acciones de dichas autoridades. De manera muy preocupante, la organización también documentó que estas tácticas se han ampliado, fortalecido y repetido de forma tal que han abarcado cada vez a más personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos a lo largo de los últimos años, generando un profundo efecto inhibidor en las y los profesionales del sector justicia en el país. Discriminación y violencia de género    Las personas criminalizadas suelen enfrentar acciones específicas de discriminación, violencia de género y racismo. Este fenómeno afecta de manera particular a las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que se han atrevido a luchar contra la corrupción y retar los roles que tradicional y socialmente son asignados a la “masculinidad” en la procuración de justicia.   Los testimonios recibidos por Amnistía Internacional incluyen gestos y discursos misóginos de las partes que intervienen en el marco de los procesos, así como múltiples mensajes y montajes difundidos en redes sociales, todos destinados a restarles valor como profesionales y como mujeres.   Lamentablemente, la investigación evidencia que las autoridades han faltado a sus obligaciones con relación a la prevención y sanción de la discriminación y violencia, al no poner fin a estas prácticas que ocurrieron en más de una ocasión durante las audiencias en el marco de los procesos penales seguidos en contra de las mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos criminalizadas, y al no investigar adecuadamente las denuncias  relacionadas con la violencia en línea. “El juez hubiera tenido que parar al querellante adhesivo por sus comentarios misóginos, la violencia verbal, o sus cuestionamientos sobre nuestras vidas personales porque el caso no se relacionaba con esto, pero no lo hizo. Hasta un fiscal se reía. Nosotras tuvimos que pararles.” dijo una abogada y defensora de derechos humanos entrevistada para este informe. Esta desprotección, junto con otros aspectos relacionados con los roles de género y de cuidado que asumen, también ha tenido impactos diferenciados para las mujeres criminalizadas, que afectan diversos aspectos de sus vidas. Justicia descarrilada, sociedad en riesgo   El patrón de criminalización analizado revela, de manera inquietante, no solamente retrocesos en la lucha contra la impunidad, sino el descarrilamiento de la justicia en el país. Tanto la ley guatemalteca como las normas internacionales de derechos humanos establecen que las y los jueces y fiscales deben de poder ejercer sus labores sin presiones. Sin embargo, en los casos analizados el Ministerio Público y el Organismo Judicial no han protegido la independencia de sus funcionarios, a pesar de que se trata de un elemento fundamental para garantizar el adecuando funcionamiento de la justicia y los derechos humanos de la población. La organización observa con suma preocupación que los cuatro casos de criminalización expuestos en el informe derivan de señalamientos e investigaciones de hechos de corrupción en el seno mismo del sistema de administración de justicia, incluyendo el nombramiento de magistrados. Amnistía Internacional considera que la criminalización sistemática de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han fortalecido la lucha contra la corrupción es peligrosa en cuanto pone en entredicho el correcto desarrollo de las funciones judiciales y fomenta la impunidad, lo cual a su vez pone en riesgo el acceso a la justicia de las personas víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos. Además, tiene un efecto amedrentador que va más allá del foro jurídico, e impacta negativamente en la libertad de expresión y el derecho de defender derechos humanos de la sociedad en su conjunto. “El hecho de que las mujeres que han denunciado, investigado o conocido de estos casos de corrupción son las que están hoy en el banquillo de las acusadas e incluso hayan enfrentado la cárcel, es sintomático de un sistema de justica enfermo. Urge que las autoridades guatemaltecas cambien el rumbo para sanar sus instituciones, colocando en su centro los derechos de todas las personas en Guatemala, de acuerdo con el derecho internacional, y pongan fin a esta persecución penal por motivos políticos”, agregó Ana Piquer. Entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta a las autoridades a desestimar las denuncias penales infundadas y que tengan como objetivo o resultado menoscabar el trabajo de las personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos, atemorizarlas o castigarlas por su labor, e investigar el hostigamiento judicial, así como todas las formas de acoso, discriminación y violencia de género descritos en el informe. Además, es fundamental que las autoridades adopten políticas y medidas para identificar, evitar y sancionar la discriminación y la violencia de género en contra de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso en entornos digitales. La organización también recomienda adoptar medidas para facilitar la reintegración del personal del MP forzado a renunciar, despedido arbitrariamente o sancionado injustamente en el contexto descrito antes, así como velar porque que los procesos de selección de magistradas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones se basen en la idoneidad, méritos e independencia de las y los aspirantes al cargo y sean transparentes.
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Sudán: ONU y Unión Africana deben intervenir para impedir violencia por motivos étnicos en El Fasher (Thu, 23 May 2024)
Ante las noticias de la intensificación del conflicto en El Fasher, en la región de Darfur Septentrional, Sudán, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha afirmado: “La escalada de violencia en El Fasher (Sudán) es atroz. Una vez más, la población civil de Sudán se siente olvidada; la comunidad internacional, incluidas la Unión Africana y las Naciones Unidas, deben actuar con urgencia para impedir que continúen las atrocidades en El Fasher y localidades circundantes, proteger a la población civil y hacer rendir cuentas a los responsables. “Se ha informado del bombardeo del campo para personas internamente desplazadas de Abu Shouk, que causaron víctimas civiles que en muchos casos no pudieron huir” Tigere Chagutah, Amnistía Internacional “En El Fasher viven decenas de miles de personas internamente desplazadas que inicialmente huyeron de la violencia en otras zonas de Darfur. El conflicto se está cobrando un precio devastador entre la población civil. Se ha informado del bombardeo del campo para personas internamente desplazadas de Abu Shouk, que causaron víctimas civiles que en muchos casos no pudieron huir. “Amnistía Internacional pide que todas las partes en el conflicto pongan fin a los ataques deliberados e indiscriminados contra civiles. Deben permitir el acceso seguro y sin trabas de ayuda humanitaria y garantizar el paso seguro de civiles que intenten huir de la violencia. “Tras la caída de otras ciudades de Darfur en poder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, como El Geneina en Darfur Occidental el año pasado, se cometieron violaciones masivas de derechos humanos, como ataques por motivos étnicos, homicidios deliberados de civiles, violencia sexual contra mujeres y niñas y matanzas, que recuerdan los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la limpieza étnica que tuvieron lugar en Darfur hace dos decenios.” Información complementaria En El Fasher viven 1,8 millones de personas, incluidos cientos de miles de personas internamente desplazadas que huyeron de los combates en los primeros años de la década de 2000. La escalada de violencia en abril de 2023 tuvo lugar después de semanas de tensiones entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido por la reforma de las fuerzas de seguridad durante las negociaciones para un nuevo gobierno de transición. Las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido derrocaron conjuntamente el gobierno de transición de Sudán en octubre de 2021. En un informe publicado en agosto, Amnistía Internacional reveló que ambas fuerzas estaban cometiendo crímenes de guerra generalizados en el conflicto. El informe “Death Came To Our Home”: War Crimes and Civilian Suffering in Sudan documentaba un número enorme de muertes de civiles tanto en ataques deliberados como en ataques indiscriminados de las partes enfrentadas. Asimismo, detallaba actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, ataques selectivos contra bienes de carácter civil como hospitales e iglesias, y saqueos generalizados.
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Nueva etapa de la "Revista Márgenes de Arquitectura Social" promovida por el colectivo Archypielago. Online y gratuita

Se trata de una publicación digital de acceso libre y aparición trimestral que pretende ser una nueva puerta de acceso a experiencias que están teniendo lugar en nuestro país en torno a lo que denominamos Arquitectura Social. ¿Y qué es eso de Arquitectura Social? Hay quien lo explica en pocas palabras como "lo contrario de Santiago Calatrava".

Entrando un poco en materia, nos referimos a experiencias de vocación transformadora que integran diferentes disciplinas en campos como la vivienda social, la participación ciudadana, la cooperación al desarrollo o la gestión social del hábitat. La sección central de cada número de Márgenes va a contener un mínimo de nueve experiencias, presentadas en un formato breve y ligero, con un tono divulgativo y la vocación de contribuir a la difusión de iniciativas vinculadas a la producción social del hábitat, lo que Edgar Morin describió como ese "hormigueo de iniciativas creadoras, locales, aisladas las unas de las otras, pero que son testimonio de un deseo de renacer”. La sección Experiencias se completa con otro bloque de contenidos que lleva por título Miscelánea y que, la verdad, no sabemos qué contenidos tendrá en cada número pero vendría a ser, como dijera Woody Allen, todo lo demás.

 

www.revistamargenes.com

 

Somos! Unidos para cambiar el mundo. Participa en la investigación.

Como tú, SOMOS muchos los que luchamos para cambiar el mundo. Si nos uniéramos todos seríamos imparables, y esto es lo que hemos hecho. Nace SOMOS, una iniciativa que agrupa un gran número de ONG con la finalidad de fomentar la solidaridad en la sociedad en la que vivimos, y para poner en valor lo que todos los colaboradores de las ONG hacemos cada día.

 

Para empezar, te proponemos que participes en un experimento dirigido por Elsa Punset, escritora, filósofa y experta en inteligencia social y emocional.

Existe la teoría de que los humanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel de los demás. Y que ayudar genera felicidad personal y colectiva.

 

Para demostrarlo necesitamos que colabores con el equipo de Elsa Punset participando aquí, y respondiendo el cuestionario que te hemos preparado.

 

Tu participación en la investigación es clave ya que sólo personas comprometidas como tú pueden ser el estímulo para que haya más gente poniéndose en la piel de los demás y ayudando a quien más lo necesita.

¡Muchas gracias!

 

© UNICEF ESPAÑA 2012

  http://www.somosasi.org/

 

Arquitectos Sin Fronteras de Castilla y León

ETS Arquitectura

Avda. Salamanca, s/n

47014 Valladolid

 

+34 983423474 

asfcyl@hotmail.com

Federación 

Arquitectura Social