Amnistía Internacional

Estados Unidos: El intimidatorio veredicto contra Greenpeace sienta peligroso precedente para la protección y promoción de la justicia climática (jue, 20 mar 2025)
Ante la noticia de que un jurado estadounidense de Dakota del Norte ha ordenado a Greenpeace pagar al menos 660 millones de dólares estadounidenses a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, tras declarar a la organización responsable de difamación y de los actos de manifestantes opuestos al oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado: “Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace. Tiene graves implicaciones para los pueblos indígenas y para otras personas que defienden el medioambiente y actúan por el clima, trabajando sin descanso para proteger los derechos humanos. No cabe duda de que tendrá un efecto disuasorio en quienes hacen campaña para exponer las actividades indebidas de empresas poderosas en Estados Unidos y el resto del mundo. La vía de acción legal elegida por Energy Transfer podría verse como una demanda SLAPP (demanda estratégica contra la participación pública), que ha tenido el efecto de reprimir los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y de infligir un daño importante a Greenpeace, agotando sus recursos mediante causas judiciales prolongadas y peticiones de cantidades exorbitantes por daños y perjuicios, y mermando su capacidad de defenderse. “Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace. Tiene graves implicaciones para los pueblos indígenas y para otras personas que defienden el medioambiente y actúan por el clima, trabajando sin descanso para proteger los derechos humanos”Agnès Callamard, Amnistía InternacionalAunque las demandas SLAPP no son una novedad, en los últimos años hemos visto un aumento alarmante de su uso para actuar contra defensores y defensoras de los derechos humanos, silenciar las críticas e impedir la transparencia y la rendición de cuentas en ámbitos fundamentales como la justicia climática. Esto ha dado lugar a que muchos países y organismos regionales adopten legislación antiSLAPP y otros instrumentos esenciales para contrarrestar la amenaza generalizada que estas demandas representan. Tales protecciones no son extrañas en Estados Unidos, pero la ausencia de leyes antiSLAPP en Dakota del Norte podrían haber hecho posible este resultado. Además de castigar a Greenpeace, esta sentencia podría haber tenido también un efecto disuasorio en los pueblos indígenas, que a menudo son quienes están en primera línea de la defensa de la justicia climática y medioambiental. Amnistía Internacional defiende desde hace tiempo el derecho de los pueblos indígenas a protestar contra el oleoducto Dakota Access, así como su derecho a ser debidamente consultados y a que se lleve a cabo una evaluación del impacto en sus tierras, su cultura y su acceso a agua potable. En última instancia, proyectos de infraestructura de combustibles fósiles como este oleoducto perjudican no sólo a los pueblos indígenas sino también al resto de la humanidad y el planeta. La ciencia es clara al respecto: necesitamos con urgencia un abandono gradual y equitativo de la extracción, producción y uso de combustibles fósiles para evitar los peores efectos del calentamiento global. Es hora de que el mundo reprima la codicia empresarial que está destruyendo nuestro planeta y dañando a todos sus habitantes.”
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Estados Unidos: El desmantelamiento del Departamento de Educación menoscaba la protección del derecho a la educación (Thu, 20 Mar 2025)
En respuesta a la firma de una orden ejecutiva del gobierno de Trump en la que se requiere el desmantelamiento del Departamento de Educación de Estados Unidos, Tarah Demant, directora de programas de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado lo siguiente: “Ante el requerimiento de la administración Trump de desmantelar el Departamento de Educación, recordamos una vez más al gobierno estadounidense su obligación de garantizar que todas las personas que estudian en Estados Unidos sigan teniendo acceso a la educación en igualdad de condiciones; eliminar el Departamento de Educación tendrá el efecto opuesto”. “Una ciudadanía culta solamente es una amenaza para un gobierno que pretende violar los derechos humanos.”Tarah Demant, Amnistía Internacional“El Departamento de Educación gestiona múltiples programas federales y supervisa la aplicación de protecciones de derechos civiles con vistas a garantizar que todas las personas que estudian, independientemente de su raza, género, riqueza, (dis)capacidad, condición migratoria, barrio de residencia y otros factores, no sean objeto de discriminación y tengan acceso a su derecho humano a la educación. Eliminar el Departamento de Educación debilitará sin duda estas protecciones para estudiantes de todo el país. El gobierno, eludiendo por completo su obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder plenamente a su derecho a la educación, es consciente de que la comunidad estudiantil marginada será la más perjudicada por esta medida.” “Si bien la educación es un derecho humano en sí mismo, también es un derecho de empoderamiento, indispensable para la realización de otros derechos humanos, incluida la capacidad de participar activamente en la vida política del país.” “Una ciudadanía culta solamente es una amenaza para un gobierno que pretende violar los derechos humanos. El gobierno de Trump debe aumentar las protecciones y los recursos educativos en lugar de debilitarlos, y debe comprometerse a fortalecer el acceso a los derechos humanos en vez de arrebatárselos a la población.” 
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Intento “vergonzoso” de la UE de justificar el genocidio de Israel y los crímenes de guerra contra la población palestina (Thu, 20 Mar 2025)
Ante las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2025 sobre la situación de Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado: “Tras 17 meses de genocidio de Israel en Gaza, es extraordinario que la UE rehúse nombrar a Israel, condenar los ataques aéreos que acaban con familias enteras y condenar a Israel por bloquear una ayuda humanitaria vital. La postura de la UE no sólo no refleja su compromiso declarado con el derecho internacional sino que además muestra una compasión selectiva por las víctimas, sobre todo si son palestinas.” “La UE lleva demasiado tiempo dividida sobre cómo responder al genocidio de Israel en Gaza, y algunos de sus Estados miembros continúan enviando armas y municiones a Israel”Eve Geddie, Amnistía Internacional “El texto de la UE es otro intento vergonzoso de justificar el genocidio y los crímenes de guerra de Israel contra la población palestina. En lugar de enturbiar los hechos, la UE debería adoptar medidas inequívocas y decisivas para evitar su posible complicidad en el genocidio en Gaza, el apartheid y la ocupación ilegal cometidos por Israel. La UE lleva demasiado tiempo dividida sobre cómo responder al genocidio de Israel en Gaza, y algunos de sus Estados miembros continúan enviando armas y municiones a Israel en incumplimiento de sus obligaciones de prevenir el genocidio y garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra. Esto tiene que acabar ya.” Información complementariaEl martes 18 de marzo de 2025, Israel reanudó su devastadora campaña de bombardeos en Gaza. Desde el 2 de marzo, Israel impone nuevamente un asedio total a Gaza, que impide la entrada de cualquier ayuda humanitaria, medicamento y suministro comercial, incluidos combustibles y alimentos, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional. También ha cortado el suministro eléctrico de la principal planta desalinizadora activa en Gaza. A pesar de que la Corte Internacional de Justicia ha establecido claramente la responsabilidad de terceros Estados de impedir toda operación comercial o inversión que contribuya al mantenimiento de la ocupación ilegal, la UE sigue comerciando e invirtiendo en asentamientos israelíes. Los Estados miembros de la UE tampoco han adoptado medidas a raíz de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia en la causa presentada por Sudáfrica por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio; la Corte concluyó en enero de 2024 que existía un riesgo plausible de genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza.
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Más de 210 organizaciones y colectivos exigen el fin de las actuaciones policiales racistas (Thu, 20 Mar 2025)
Madrid/Barcelona.- Con motivo del Día Internacional Contra la Discriminación Racial, más de 210 colectivos y organizaciones antirracistas han elaborado un manifiesto e impulsan la campaña “Parad el racismo y no a las personas”, con el objetivo de poner el fin a una de las manifestaciones del racismo institucional como son los controles policiales motivados por criterios raciales o étnicos que se dan en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Se trata de un problema endémico, que es sistemáticamente negado en el Estado español", denuncian.El paraguas “control policial” hace referencia a las actuaciones de parada e identificaciones motivadas única y exclusivamente por criterios raciales (como el color de piel, la vestimenta, los símbolos religiosos, etc), sin atender a las exigencias legales de proporcionalidad y objetividad previstas por la legislación española. Es decir, se trata de personas que no son paradas e identificadas por lo que hacen, sino por lo que son.Uno de los mayores obstáculos en la lucha contra esta práctica está en su falta de reconocimiento institucional, dado que los cuerpos policiales y las instituciones públicas la niegan. Es el caso del Ministro de Interior, quien ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de estos controles racistas, pero también lo ha hecho el director general de la Policía Nacional. Recientemente, el actual Comisario jefe de los Mossos d'Esquadra defendió que el sesgo racial no sólo no se aplica en las identificaciones, sino que “tampoco es un criterio en las detenciones, ni en el comportamiento, ni en nada porque el cuerpo es una policía democrática”, contradiciendo las palabras de su predecesor, quien reconoció la existencia de este sesgo racial. Mientras que las instituciones públicas rechazan recoger datos sobre esta práctica policial discriminatoria, diversas investigaciones han puesto cifras al sesgo racial en la actuación policial. A nivel europeo, puesto que la perfilación racial no es exclusiva del Estado español, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) lleva años denunciando sesgos de perfil racial en los controles policiales. De hecho, en 2018 alertaba de que el 41% de las personas encuestadas en los Estados miembros señalaba el perfilamiento racial como causa de parada policial. A nivel nacional, en el año 2013, la Universidad de Valencia publicó un informe según el cual las personas gitanas eran paradas hasta diez veces más que las personas blancas; las magrebíes, un 7,5; y las afrolatinoamericanas, hasta 6,5 veces más. En 2016, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizó un estudio de observación directa en la principal estación de autobuses de Granada. Siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca, la investigación mostraba las siguientes tasas de riesgo: negro 42:1; gitano 12:1; árabe/magrebí 10:1; y latinoamericano 8:1.Más allá de los datos hay que señalar el impacto en las personas afectadas: cómo afecta a su salud física y emocional, a sus derechos humanos y libertades, o el impacto que tiene en adolescentes, sobre quienes se está enfocando esta práctica en los últimos años. Además, “las paradas por perfil étnico o racial, conllevan comentarios y vejaciones racistas o el uso desproporcionado de la fuerza, lo que genera una mayor vulnerabilidad e inseguridad administrativa a muchas de las personas que sufren este tipo de prácticas. Esto facilita la infradenuncia de la vulneración de derechos, que a su vez refuerza la impunidad policial” dice Úrsula Ruiz, responsable de la línea de políticas migratorias y frontera de Irídia.Asimismo, esta forma policial de proceder redunda en la generación de una estigmatización y criminalización de las personas afectadas y una sensación de inseguridad por quienes no sufren estos controles. Todo ello se expresa en el video que acompaña la campaña #ParadElRacismo. En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil se han dirigido a las instituciones y autoridades del Estado para tratar de abordar la problemática. Pese a los esfuerzos, no se ha obtenido un compromiso real y efectivo. “Existe indefensión por parte de quien sufre estos controles discriminatorios a manos de las fuerzas del orden. Es primordial revisar el ordenamiento jurídico y aplicar una serie de medidas que supongan una salvaguarda”, dice Youssef M. Ouled, Rights International Spain.“Es imprescindible poner fin a este tipo de controles racistas ya que atentan contra el principio de no discriminación y suponen una violación de derechos humanos, tanto en la ley como en la práctica”, señala Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional.Por ello, las organizaciones impulsoras y firmantes del manifiesto llevarán a cabo, entre el 21 y el 30 de marzo, acciones de calle en ciudades como Madrid, Guadalajara, Elche o Murcia, con actividades como lectura de poemas antirracistas, actuaciones musicales, pegada de carteles y pegatinas de la campaña, entre otras, para exigir que se ponga fin a esta práctica racista.Las firmantes del manifiesto piden, entre otras medidas:Reconocer de forma clara y explícita el racismo y sus múltiples manifestaciones, como lo son el antigitanismo o la islamofobia estructural e institucional por parte de Administraciones públicas, autoridades políticas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En particular, la existencia de perfilación racial y étnica en paradas e identificaciones policiales.Prohibir por ley orgánica el uso de perfiles raciales en labores de parada, e identificación, estableciendo un marco legal que defina esta práctica y la señale como forma de discriminación racial y, al mismo tiempo, obligue a motivar la actuación policial con evidencias e informaciones objetivas. Para ello reclamamos incluir la prohibición expresa en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, cuya reforma se encuentra en una fase avanzada de tramitación.Implementar los llamados “formularios de identificación” en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: una herramienta de registro de las actuaciones de parada e identificación que recoge, entre otros, la justificación y motivación de la actuación, el resultado de la misma y la apariencia étnico-racial de la persona afectada, la cual, además, recibe un justificante de la actuación policial sufrida y de la información para interponer quejas en caso de no estar conforme con la actuación. Tanto el diseño como la supervisión de los resultados sistematizados obtenidos de estos formularios deben realizarse contando con organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, principalmente aquellas integradas por los grupos afectados. Estas iniciativas se han implementado en proyectos piloto que se han demostrado efectivos como es el empleado en el municipio madrileño de Fuenlabrada, entre otros, pero no siempre han tenido continuidad por decisiones políticas.  Por último, crear un mecanismo externo, público e independiente competente, que supervise, evalúe y sancione actuaciones policiales que vulneren derechos humanos.Aquí puedes consultar cuáles son todas las organizaciones firmantes.
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Europa: Los ataques de Paragon ponen de manifiesto la creciente crisis de Europa con los programas espía (Wed, 19 Mar 2025)
En respuesta a la publicación de un informe de Citizen Lab que identifica múltiples casos del uso del programa espía Paragon contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Italia, Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, ha declarado:“El alarmante descubrimiento de que se ha utilizado Graphite, programa espía de Paragon altamente invasivo, contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Italia subraya el agravamiento de la crisis de vigilancia digital en Europa”.“Esta última investigación se suma a las conclusiones anteriores de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil que exponen el uso indebido generalizado de programas espía en toda Europa. A pesar de los escándalos continuos y reiterados en Serbia, España, Grecia, Polonia, Hungría, y ahora Italia, las autoridades tanto nacionales como europeas han eludido tomar medidas efectivas. La vergonzosa permisividad de Europa respecto a la regulación del sector de la vigilancia está alimentando la crisis global generada por los programas espía.”“Una investigación independiente llevada a cabo por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional durante los últimos seis meses ha descubierto casos adicionales de aparente uso de programas espía para atacar a otros activistas de salvamento marítimo en Italia. Es casi seguro que la investigación que está llevando a cabo la sociedad civil desvelará más víctimas. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg.” Información complementariaEntre los objetivos de los programas espía se encuentran el periodista Francesco Cancellato, la fundadora de Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, y su cofundador, el Dr. Giuseppe “Beppe” Caccia. Citizen Lab también concluyó que el teléfono del fundador de Refugees in Libya, David Yambio, mostraba haber sido blanco de programas espía, pero Citizen Lab no pudo atribuir de forma definitiva a Paragon ese espionaje en esta etapa.El Graphite de Paragon es un programa espía altamente invasivo capaz de acceder de forma encubierta a los datos más íntimos y delicados del teléfono de una persona, y no puede ser auditado de forma independiente. Una herramienta tan intrusiva jamás cumplirá los principios de derechos humanos, y debe ser prohibida. El mes pasado, WhatsApp notificó a 90 personas que habían sido blanco de programas espía, y los informes confirmaron que muchas de las víctimas eran periodistas y activistas de derechos humanos.Durante más de un año, la Comisión Europea ha eludido aplicar las recomendaciones de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre Pegasus y programas espía similares (Comisión PEGA), lo que deja a activistas, periodistas y otras personas vulnerables expuestas a estas peligrosas herramientas de vigilancia.
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